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Argentina: i desparecidos al tempo della democrazia

In Argentina ci sono bambine, adolescenti e giovani che continuano a scomparire; gli esperti e le famiglie denunciano che le vittime sono sequestrate da reti dello sfruttamento sessuale che operano con la comlicità delle autorità politiche, giudiziarie e della polizia
15 maggio 2005 - Marcela Valente
Fonte: IPS


"Desde hace nueve años tratamos de hacer visible en Argentina el tema de la trata de mujeres, pero la sociedad no lo quiere ver porque piensa que la prostitución es un mal necesario y prefiere culpabilizar a las víctimas", dijo a IPS Sara Torres, referente en Argentina de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres.

La naturaleza de este delito hace difícil elaborar estadísticas. Los datos sólo se infieren de las denuncias de personas desaparecidas y en la forma de hipótesis.

La organización no gubernamental Red Solidaria busca actualmente a 190 "personas perdidas", de las cuáles 67 por ciento son mujeres. Si se realiza una estadística por edad, se advierte además que la gran mayoría (63 por ciento) de los buscados por sus familiares tiene de 13 a 18 años.

En diálogo con IPS, el director de la Red Solidaria, Juan Carr, precisó que en los últimos siete años registraron más de 300 casos de adolescentes perdidas, de las que 90 por ciento fueron encontradas. "Entre las que fueron apareciendo hubo 10 chicas que contaron que fueron explotadas sexualmente", reveló.

Los casos de mujeres desaparecidas se presentan en forma periódica y aislada. Los medios periodísticos no relacionan un caso con otro y al poco tiempo de búsqueda infructuosa sus historias desaparecen de la primera plana. Tampoco establecen nexos los investigadores judiciales o policiales, ni las autoridades gubernamentales.

Por mencionar sólo algunos casos, en 2002 fue secuestrada Marita Verón, de 23 años, en la noroccidental provincia de Tucumán. Una mujer que logró escapar de una red de explotación sexual en esa provincia aseguró haber tratado a la joven, pero los allanamientos policiales y judiciales llegaron, como siempre, tarde al presunto lugar de cautiverio.

Fernanda Aguirre, de 13 años, fue secuestrada en julio de 2004 en San Benito, localidad de la nororiental provincia de Entre Ríos. La justicia busca su cuerpo bajo tierra, pero su madre tiene pistas que la llevan a creer que cayó en una red de prostitución. Personas que se identificaron como sus captores pidieron un rescate de apenas 600 dólares, pero después de que ese dinero se pagó, la niña siguió sin aparecer.

El caso más reciente es el de Florencia Penacchi, de 24 años, que fue vista por última vez al salir de su departamento en Buenos Aires el 16 de marzo. Su rostro sonriente se repite en afiches callejeros por toda la ciudad. Pero no hay rastros ni pedidos de rescate. "Se esfuman, como si se las tragara la tierra", apuntó Carr.

También hay casos de jóvenes extranjeras de las que no se hallan pistas. Una de ellas es la turista alemana Nikola Henkler, de 28 años, desaparecida en San Carlos de Bariloche (en la sureña provincia de Rio Negro), en diciembre de 2002. Otras es la suiza Annagreth Wirgler, de 23, perdida en la noroccidental provincia de La Rioja en agosto de 2004.

Torres destacó que Argentina ratificó en 2002 el Convenio Marco de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, pero esos compromisos no se vinculan con las desapariciones de mujeres dentro del país.

"El tema de la venta de los cuerpos para la explotación sexual está muy naturalizado, inclusive hay jueces, fiscales y policías que admiten la existencia de prostíbulos que deberían estar prohibidos por la legislación local y los compromisos asumidos por el país a nivel internacional", alegó.

"En el imaginario de la sociedad, estos sitios son legales, pero no lo son", remarcó. Asimismo, señaló como cómplices a medios periodísticos que "exaltan la venta de los cuerpos" y a otros como el diario Clarín, que publica avisos clasificados de venta de sexo en la sección de "servicios útiles para la mujer y el hombre".

Organizaciones femeninas preocupadas por dar visibilidad a la trata de mujeres realizan talleres y seminarios de expertos, pero sin contacto alguno con familiares de las desaparecidas, que muchas veces tienen más pistas, datos y conocimientos sobre la pesquisa que los profesionales preparados para ese fin.

IPS habló con Maria Inés Cabrol, madre de Fernanda Aguirre, la niña desaparecida hace más de nueve meses en Entre Ríos. "Yo siempre pienso que a la nena la llevaron para prostituirla", dice esta mujer desesperada, que recorrió ya siete provincias en busca de algún rastro de su hija.

Cabrol sostiene que "no hay palabras" para explicar el dolor de una madre a la que le arrebataron una niña cuando caminaba cerca de su casa. "Cada día que pasa, el sufrimiento es mayor. No puedo imaginarme como estará, una niña tan apegada a mí, que no tiene a nadie en quien confiar", reflexiona.

En busca de esa niña, la policía detuvo a un hombre con antecedentes penales que pocos días después apareció ahorcado en la comisaría en la que estaba recluido. El presunto suicida es primo de un conocido proxeneta de Entre Ríos que está preso pero no aporta nada a la investigación.

En diciembre apareció en la localidad de Las Termas, de la norteña provincia de Santiago del Estero, un mensaje manuscrito pidiendo auxilio. Los peritajes arrojaron resultados contradictorios, pero la madre no tiene dudas. "Es la letra de mi nena", asegura.

La policía y la justicia hicieron numerosos allanamientos en Las Termas y hubo detenidos por casos de explotación sexual de menores, pero ningún rastro sobre Aguirre.

Cabrol viajó dos veces a Santiago del Estero. "En Las Termas, los vecinos, los choferes, la policía, todos me dicen que la nena está allí, pero la tiene el hermano del intendente y la policía federal está metida", revela la mujer, casi en un susurro, como si temiera ser escuchada.

En su desesperada búsqueda, Cabrol se entrevistó con el presidente Néstor Kirchner, ministros del gobierno nacional, legisladores y gobernadores provinciales, jueces, policías e integrantes de organizaciones sociales. "Todos me aseguran que lo que yo pida me lo dan, pero lo que yo quiero es a mi nena".

La mujer está en contacto permanente con Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Gracias a la labor incansable de Trimarco, se descubrieron numerosas pistas de una asociación de proxenetas que opera al menos en las provincias de La Rioja, Tucumán y Buenos Aires, en la central de Córdoba y en la austral Santa Cruz, con vínculos también en España.

En una carta hecha pública este año, los familiares de Verón, con respaldo de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, informaron que su investigación había contribuido, junto con la labor policial, a la liberación de 17 mujeres que estaban en manos de estas redes delictivas, algunas de ellas en las norteñas ciudades españolas de Bilbao y Burgos, y la noroccidental de Vigo.

"En Argentina estos delitos gozan de impunidad, y gracias a las complicidades de la justicia, la policía y muchos políticos, estas mafias cuentan con una gran zona liberada para negociar con la vida de nuestros hijos", denuncia el comunicado emitido en abril y difundido en algunos medios periodísticos.

El comisario de la división inteligencia de la policía de la provincia de Tucumán, Jorge Tobar, fue un funcionario clave en la investigación de estos temas, aunque sus declaraciones son a veces sancionadas por la institución policial. Su compromiso con la persecución de este delito parece una decisión personal.

"En Argentina existe un sistema de crimen organizado que captura a mujeres y las vende para ponerlas a trabajar en prostitución con un régimen de esclavitud. Las venden como ganado, las desplazan, las explotan, y lo hacen con encubrimiento", señaló Tobar en una entrevista publicada por el diario Página/12, de Buenos Aires.

Tobar intervino en el caso Verón y en operativos junto con funcionarios de Interpol, la policía internacional, que permitieron rescatar en España a 25 mujeres procedentes de provincias argentinas que eran explotadas sexualmente en aquel país. El funcionario policial sostiene que hay una enorme diferencia de recursos en uno y otro país para perseguir este delito.

El comisario tuvo datos del caso Aguirre. "Yo detecté su presencia en Santiago del Estero e informé el lugar exacto donde estaba, pero la justicia y la policía hicieron 19 allanamientos antes de acudir al sitio clave", afirmó. Cuando finalmente llegaron a ese lugar, la adolescente no estaba.

En abril de este año, un informe del Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos alertó acerca de que en Argentina existen "severos problemas" para controlar el tráfico ilegal de personas, una falencia que tiene a la explotación sexual y laboral como una de sus más perversas derivaciones.

Pero el gobierno rechazó airadamente la advertencia. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que el informe era "muy dañino" para la imagen del país y que lo único que buscaba era promocionar de ese modo la venta de algún software de control de personas que el gobierno "no está dispuesto a comprar".

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