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Cile : le vittime ricusano il giudice del Processo a Pinochet

Il Giudice Víctor Montiglio, incaricato dei processi che si stano istrunedo contro l'ex dittatore Augusto Pinochet, è per l'associazione dei familiari dei detenuti desaparecidos, AFDD, "moralmente inabile" per indagare le vilazioni contro i diritti umani
6 giugno 2005 - Gustavo González
Fonte: IPS

El juez , nuevo encargado de los procesos que se instruyen en Chile contra el ex dictador , está ”moralmente inhabilitado” para investigar violaciones contra los derechos humanos, afirmó este jueves la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).

SANTIAGO, 2 jun (IPS) - La organización humanitaria reaccionó luego de que Montiglio fallara el miércoles a favor de la aplicación de la ley de amnistía de 1978 para los jefes de la policía secreta del régimen dictatorial (1973-1990) en el proceso por la desaparición forzada en 1975 de la joven periodista Diana Arón.

El general retirado Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuerpo represivo que operó entre 1973 y 1978, había sido sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión por el juez Alejandro Solís, quien pidió igual pena para el brigadier Miguel Krassnoff, también implicado en la desaparición de Arón.

Montiglio, como integrante de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, votó por la absolución de Contreras y Krassnoff, así como del brigadier Pedro Espinoza, del coronel Marcelo Moren y del agente civil Osvaldo Romo, a quienes Solís había condenado a 10 años de presidio.

Montiglio y la abogada Ángela Radovic, integrante de la sala, votaron por absolver a los cinco acusados, con base en el decreto de amnistía que el entonces dictador Pinochet promulgó en marzo de 1978. El tercer integrante de la sala, el magistrado Carlos Gajardo, votó en cambio por una condena uniforme de 10 años de cárcel para todos los imputados.

Esta es la primera vez que una sala de la Corte de Apelaciones aplica la amnistía en un caso de desaparición forzada, contraviniendo el criterio predominante en los últimos años en el Poder Judicial de que este delito se configura como permanente mientras no aparezca la víctima y que, por tanto, es imprescriptible y no amnistiable.

Pese a que la resolución será apelada ante la Corte Suprema, el fallo de Montiglio causó preocupación en organizaciones de derechos humanos, ya que es él quien hereda las causas que instruía contra Pinochet el magistrado Juan Guzmán, quien se acogió a retiro desde el 30 de abril.

Montiglio debe seguir adelante con el proceso por crímenes del Plan Cóndor, el operativo de represión de las dictaduras del Cono Sur en las décadas de los años 70 y 80, en el cual la Corte Suprema retiró en enero de este año a Pinochet la inmunidad penal que le otorga un estatuto especial para los ex gobernantes.

Este mismo juez recibió de Guzmán el caso ”caravana de la muerte”, en el cual Pinochet fue absuelto en julio de 2002 por la justicia con base en su supuesta demencia senil, aunque debe seguir procesando al general Sergio Arellano y a otros militares implicados, que también buscan protegerse con la ley de amnistía.

Guzmán, un juez altamente apreciado por las organizaciones de derechos humanos, dejó también avanzadas las investigaciones por el secuestro y posterior exterminio en 1976 de la dirección clandestina del Partido Comunista y por la Operación Colombo, un montaje que hizo aparecer como muertos en rencillas guerrilleras en Argentina a 119 desaparecidos.

La predisposición de Montiglio por la amnistía creó gran incertidumbre sobre el destino de estos procesos contra Pinochet y altos jefes militares implicados en violaciones de derechos humanos bajo el régimen dictatorial, que dejaron 3.000 víctimas entre desaparecidos y asesinados.

”Con estupor hemos tomado conocimiento de la resolución adoptada por la quinta sala de la Corte de Apelaciones, que en fallo dividido absolvió, perdonó, exculpó o dejó en la impunidad a la cúpula de la DINA, en la causa por la desaparición de Diana Arón Svigilsky”, señaló la AFDD en una declaración.

Arón, una periodista nacida el 15 de febrero de 1950, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y fue detenida el 18 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA. La última vez que se la vio con vida fue en enero de 1975 en Cuatro Álamos, uno de los centros de detención de la policía secreta dictatorial.

Ex prisioneros políticos señalaron a IPS que la joven fue sometida a crueles torturas, supervisadas por Krassnoff, un oficial hijo de rusos que emigraron de su país tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, quien expresaba así su desprecio a Arón por su origen judío.

”Si el ministro Montiglio ha respaldado la cuestionable e inadmisible validez del decreto ley de amnistía para resolver los graves crímenes perpetrados en dictadura, debe abandonar el Poder Judicial por encontrarse moralmente inhabilitado para investigar los procesos por violaciones a los derechos humanos, para lo cual fue designado”, dijo a IPS Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

El abogado Nelson Caucoto, representante de la parte acusadora en el proceso por la desaparición de Arón, dijo que el fallo de la sala de la Corte de Apelaciones es una ”involución” con respecto a los principios aplicados hasta ahora en los procesos por estos crímenes.

Caucoto anunció que presentaría ante la Corte Suprema un recurso de casación (nulidad) contra este fallo, ”que obliga a fortalecer la aplicación del derecho internacional” en materia de crímenes de lesa humanidad.

”Confiamos en que la Corte Suprema mantendrá su doctrina y hará respetar los principios de inamnistiabilidad e imprescriptibilidad (para la desaparición forzada) que nos obligan en concordancia con los preceptos del Derecho Internacional y la Constitución Política”, subrayó la AFDD.

El controvertido dictamen de Montiglio y la abogada Radovic coincidió con la entrega del informe final de la Comisión de Prisión Política y Tortura al presidente Ricardo Lagos, que incluyó en su reporte inicial, publicado en noviembre del año pasado, 1.201 nuevos casos de maltratos, entre ellos a 87 menores de 12 años.

Así, se elevó a 29.201 la cantidad de personas detenidas que fueron sujetas a torturas, abusos y maltratos durante los casi 17 años de dictadura, y que podrán aspirar a reparaciones económicas y morales

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