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Fonte: La Jornada

La Paz, 11 de marzo. El cumplimiento de la ley en ningún momento es "mala señal" para la inversión extranjera, señaló el vicepresidente Alvaro García en respuesta a preocupaciones expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, en relación con la investigación que la justicia boliviana realiza a la empresa Andina, filial de Repsol-YPF.

Este viernes el fiscal del caso, Alberto Cornejo, emitió la orden de intervención de la planta gasificadora que Repsol operaba sin autorización en campo Margarita, informó el diario El Deber, de Santa Cruz.

El vicepresidente García Linera expresó su confianza en que este caso no afecte las relaciones entre Bolivia y España, porque se está cumpliendo la ley.

Aseguró que la investigación corresponde al Poder Judicial, y que el Ejecutivo sólo se encuentra realizando un "seguimiento" a la "legalidad de estas acciones".

Agregó que "si bien ha habido cierta inquietud, en todo caso ha sido una muestra de que este gobierno va a respetar absolutamente la legalidad y siempre va a tomar decisiones en función de la legalidad, de la nueva ley hidrocarburos y de la Constitución Política del Estado".

Sostuvo también que la posición del gobierno boliviano fue informada al embajador de España, Francisco Montalbán, y al ministro Moratinos.

El diario cruceño informó que la fiscalía de distrito descubrió otro hecho irregular que implica "indirectamente" a la empresa importadora Ballyco y a la petrolera Repsol-YPF. Se trata, dice, de una planta procesadora de gas situada en campo Margarita, que no terminó de ser nacionalizada y viene funcionando de forma "ilegal".

El matutino recoge declaraciones del presidente de la Aduana Nacional, Juan José Zehl, de que la maquinaria ingresó al país el 13 de diciembre de 2003, en dos partes, ya que debido al tamaño de las piezas no pudo almacenarse en los galpones oficiales y se otorgó permiso para que se guardara en depósito directamente en el recinto donde fueron instaladas.

"Por tratarse de una maquinaria destinada a la industria, ésta se encuentra libre del gravamen aduanero, pero debe pagar el impuesto al valor agregado, y la empresa Ballyco sólo pagó una parte quedando una deuda de un millón 100 mil dólares. El plazo final para este pago venció el 4 de marzo", dijo Zehl.

Ante el allanamiento que se realizó en las oficinas de Repsol, los abogados de esta empresa presentaron al ministerio público un recurso de habeas corpus en favor de Julio Gavito y Pedro Sánchez, ejecutivos de Andina, para que se deje sin efecto la orden de aprehensión, que se considerará en la audiencia del próximo lunes.

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