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Venezuela: le organizzazioni dei diritti umani esigono la fine delle violenze

Le organizzazioni venezuelane per la difesa dei diritti umani hanno emesso un comunicato congiunto in cui chiedono agli organi della giustizia una adeguata indagine sulle responsabilita' dei crimini commessi durante la marcia degli oppositori
2 marzo 2004 - El Nacional
Organizaciones de derechos humanos exigen detener la violencia El centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el Centros Comunitarios de Aprendizaje, la Fundación Justicia y Paz de Petare, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Servicio Jesuita para Refugiados Venezuela emitieron un comunicado conjunto en el que exigen a los órganos del sistema de administración de justicia una adecuada investigación y sanción a los responsables de los crímenes cometidos en la marcha opositora del viernes. Además, condenan el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención en el contexto del control de las recientes manifestaciones. También rechazaron "la actitud de la Policía Metropolitana, la Policía del Estado Miranda y las policías de los municipios Chacao y Baruta, entre otras, por su participación directa en la colocación de barricadas y otros eventos de alteración del orden público y por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana". “Los cuerpos de seguridad ciudadana no pueden constituirse en brazos armados subordinados a parcialidades políticas, pues ello atenta contra el derecho a la seguridad ciudadana y que estas y otras acciones deben ser debidamente investigadas y sancionadas”, dice el texto. Agregan que frente a los sucesos de los últimos días se evidencia la inexistencia de una política democrática de seguridad ciudadana y, con ello, el incumplimiento estatal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos del 27 de febrero de 1989, en la que se ordenaba que el Estado debía ajustar sus planes tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza, también consagrados en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dictados por la ONU en su Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Reprobaron el uso de armas de fuego por parte de manifestantes afectos o adversos al gobierno nacional y recordaron a todos los actores en pugna que el derecho a la manifestación, consagrado en el artículo 68 de la Constitución, implica un ejercicio "pacífico y sin armas". Además, exigen la inmediata libertad de quienes fueron detenidos en las protestas y el respeto estricto de las garantías procesales de quienes fueron detenidos en flagrancia cometiendo algún delito, en el contexto de las manifestaciones. Solicitaron a los medios de comunicación social que promuevan la tolerancia y la convivencia ciudadana y que se abstengan de publicar remitidos anónimos y llamados a la violencia, tal como lo señalan los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para finalizar, solicitaron al Consejo Nacional Electoral un reconocimiento fidedigno de la voluntad popular en el proceso de revisión y verificación de las firmas de las distintas solicitudes de referéndum revocatorio a través de un rápido y transparente garantizando que no se anule ninguna firma lícita y que no se avale ninguna firma fraudulenta, además del respeto a las decisiones del árbitro.
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