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Bolivia: sospetti di un colpo di stato

Un gruppo di separatisti regionali e partiti politici legati agli interessi di alcune multinazionali avrebbero tentato un colpo di stato con lo scopo finale di costringere il governo a vendere il gas bolivano all'Argentina ed indire elezioni anticipate per dicembre
27 aprile 2004 - Erick Fajardo
Fonte: Adital

Sospecha de golpe de Estado en Bolivia

26.abril/2004 - Bolivia - Erick Fajardo* para Adital - Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz vivieron en la última semana una arremetida desestabilizadora - advertida por el gobierno como intento de golpe de Estado - de mano de grupos separatistas regionales y partidos políticos ligados a intereses transnacionales, cuyo verdadero objetivo parece haber sido obligar a Mesa (Carlos Mesa, presidente boliviano) - mediante presión sindical y desestabilización al interior de los aparatos de seguridad del estado - a dos decisiones: La inmediata venta del gas a Argentina y un adelantamiento de elecciones generales para diciembre.

Si sectores allegados al gobierno como el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL) interpretaron - o pretendieron interpretar - con demasiada susceptibilidad la amenaza de un presunto golpe, entonces la prensa dio por hecho ese temor con excesiva facilidad. A mediados de la semana pasada, ambos - prensa y gobierno - acusaban un intento de golpe de Estado en el proceso sistemático de desestabilización iniciado por sectores sindicales, mandos policiales y castrenses; todos vinculados a partidos políticos neoliberales.

No obstante sus protagonistas, el origen del clima de inestabilidad fue la indefinición de Mesa respecto a la política energética boliviana; indefinición que dejó soliviantar el descontento social al occidente y oriente del país, tanto entre los detractores de la venta del gas como entre sus apologistas. Ese "estado de descontento" fue oportunamente transformado en estado de convulsión por algunos partidos políticos que se sienten amenazados por una impopularidad devenida de su participación en el gobierno de Sánchez de Lozada (ex presidente); impopularidad que podría materializarse en derrota electoral, de continuar igual el panorama político hasta las elecciones municipales de diciembre.

Los partidos responsables de tal intento desestabilizador - a decir del diputado Evo Morales Aima - serían el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), aún ligados al depuesto Sánchez de Lozada; mientras que la razón de la perpetración sería la urgencia de ambos partidos de truncar las posibilidades electorales del Movimiento al Socialismo (MAS), con vistas a las elecciones municipales de diciembre.

A las denuncias del MAS, le acompañaron las del Movimiento Bolivia Libre (MBL), otro de los socios de Mesa en el gobierno que a través de su jefe nacional, el diputado Franz Barrios, corroboró la denuncia de intentos de desestabilización hecha por Morales Aima.

La acusación de Morales aludía a "reuniones secretas", que habrían sostenido el viceministro de Defensa Civil, almirante Jorge Badani, con el secretario ejecutivo de Nueva Fuerza Republicana (y hermano del jefe nacional de ese partido), Erick Reyes Villa, para planificar el golpe. Las denuncias de Barrios establecen las tres razones para la supuesta perpetración: a) impedir la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el MAS y aprobada por el Parlamento; b) impedir el juicio político a Gonzalo Sánchez de Lozada y c) impedir la concreción de las elecciones municipales.

Los siguientes elementos circunstanciales de análisis parecen respaldar tales hipótesis.

Auténticos escenarios del conflicto

Apenas iniciada la semana la prensa nacional identificó dos escenarios de conflicto, cuyas demandas y problemática eran genuinas en función de su vigencia histórica: El movimiento cocalero (en demanda del cumplimiento de la pausa en la erradicación de cocales comprometida por Mesa) y la Coordinadora Nacional de Defensa del Gas (en demanda de la no aprobación de la Ley de Hidrocarburos de Mesa y de la no venta de gas a Argentina).

A estos dos deben añadirse el ejército y la policía, inmersas en una crisis institucional y en una reforma estructural que sus altos mandos (activos y en retiro), vinculados históricamente a partidos como el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) - en el caso de la policía - o ADN (Acción Democrática Nacionalista) - en el caso del ejército - han visto con descontento.

La Policía Nacional, sumida en denuncias contra su comandante, Gral. Jairo Sanabria, por corrupción administrativa e ineficiencia en la investigación del asesinato de la fiscal Mónica Von Borries y la autoinmolación del minero Eustaquio Picachuri, es - desde el levantamiento de febrero de 2003 - un barril de pólvora.

Las Fuerzas Armadas pululan de rumores de conspiración y descontento con el actual comandante, Luis Aranda - almirante de la Naval -, que ha creado una elite de oficiales con poderes especiales para coadyuvar con los servicios de inteligencia en la detección de afanes conspirativos dentro el ejército. De las tres unidades castrenses que componen las fuerzas armadas (Ejército, Naval y Aeronáutica), el ejército representa el 75%.

Escenarios de conflicto artificiales.

Pero otros cuatro escenarios de conflicto e igual número de actores, irrumpieron, de forma súbita o mediata, haciendo compleja la situación: el movimiento universitario nacional (en supuesta demanda de mayor presupuesto), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo – Conamaq (teóricamente en demanda de la destitución del ministro Ricardo Calla, de Asuntos Campesinos e Indígenas), la Confederación Nacional de Transporte (teóricamente en demanda de la desrregulación de los carburantes y la no derogación del régimen tributario integrado) y los Comerciantes Gremialistas (en presunta demanda de la no derogación del régimen tributario simplificado).

En la cúpula del ejército y en la dirigencia sindical de universitarios, comerciantes y transportistas; la militancia política de sus líderes en la NFR de Reyes Villa, permitió ver que detrás de los motivos manifiestos de cada sector movilizado existían intenciones latentes que sólo afloraron el día miércoles, día 21, cuando el concierto de desestabilización era generalizado: la presión sobre el gobierno para forzar la consumación de la venta del gas y para obligar a Mesa a una rápida dimisión y nueva convocatoria a elecciones.

No conjuró la intentona la apenas oportuna reacción del poder ejecutivo, sino la coherencia de los verdaderos movimientos sociales - como los cocaleros, la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora -, que se negaron públicamente "a prestarse al juego de los partidos políticos y la embajada americana", según declaró a Adital Oscar Olivera, máximo líder de la Coordinadora Nacional de Defensa del Gas.

Al mantenerse al margen de la propuesta y no permitir que sus históricas demandas se confundieran con las intenciones supuestamente golpistas, Evo Morales, Óscar Olivera y Jaime Solares condenaron al fracaso el intento.

Las acciones de contingencia del gobierno son apenas anecdóticas: el martes, día 20, Mesa instruyó la destitución del viceministro de Defensa Civil, Alfonso Badani, en razón de las reuniones "conspirativas" que habría tenido en su gabinete, a altas horas de la noche, con Erick Reyes Villa, secretario general y diputado de Nueva Fuerza Republicana (NFR), además de hermano del líder de ese partido - Manfred Reyes Villa.

24 horas después – miércoles - el ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, denunció la presencia de elementos golpistas al interior del movimiento universitario que se congregó en La Paz. La presencia del consejero departamental de NFR, Max Mendoza Parra – infiltrado como estudiante – y su intento de redireccionar la movilización estudiantil de su objetivo inicial (presupuesto) al de "derrocar el gobierno", parecen confirmar la hipótesis.

El jueves, día 22, el paro nacional del transporte tuvo también la impronta de NFR. En Cochabamba la militancia política de sus máximos dirigentes, Orlando Guillén y Pedro Cardozo, es un hecho público tan conocido como la existencia de un diputado en la bancada de NFR que representa a ese sector ante el parlamento.

De igual manera la dirigencia del comerciantado gremialista, que responde periódicamente a las necesidades de presión social de Nueva Fuerza Republicana, dejó casi sin abastecimiento los mercados. Su máxima dirigente en Cochabamba, Enriqueta Imaca, es conocida militante de NFR. En Cochabamba, durante la marcha de protesta realizada por ese sector la mañana del jueves, se pudo notar que la imposición dirigencial y la desinformación eran los elementos de congregación. Cuestionados por Adital, la mayoría de los marchistas dijo pensar que la razón de la protesta era para evitar la venta del gas a Argentina.

Horas antes del jueves, Nueva Fuerza Republicana, acusada meses atrás por uno de sus disidentes de haber intentado perpetrar un golpe de Estado en medio de las protestas sociales de febrero de 2003, rechazó las acusaciones de autoría en este nuevo intento; pero en el paroxismo de la frustración el diputado de NFR Dante Pino Archondo, acusó ante los medios a Carlos Mesa de "haber derrocado" a Sánchez de Lozada y lanzó una apología incriminatoria del evadido ex presidente.

El analista Álvaro García Linera, decía el mismo jueves, en un programa de televisión, que una protesta social sólo podría equipararse a la de "octubre rojo" si participaran de ella los "grandes" movimientos sociales del país. La ausencia de esos "grandes" sectores en las protestas de comerciantes, universitarios y transportistas, puede haber frustrado el supuesto golpe.

Note:

Erick Fajardo es corresponsal de Adital en Bolivia.
Al publicar en medio impreso, favor citar la fuente y enviar copia para: Caixa Postal 131 - CEP 60.001-970 - Fortaleza - Ceará – Brasil

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