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Cile: cronache delle impunita'

Il Cile sembra porsi ai margini del rispetto dei diritti umani: chi ha compiuto genocidi e violazioni ancora si puo' muovere libero nelle strade: torturatori e repressori di 30 anni fa lavorano ancora come diplomatici, imprenditori e politici rispettabili. Le migliaia di familiari delle vittime continuano a sperare nella verita' e nella giustizia senza risultato
13 maggio 2004 - Arnaldo Pérez Guerra
Fonte: Convenio La Insignia / Rel-UITA

Chile

Crónicas de la impunidad

No es ficción, ni una comedia de equivocaciones. Chile parece estar al margen del respeto por los derechos humanos: genocidas y violadores todavía se pasean libres por las calles; torturadores y represores de hace 30 años hoy fungen de diplomáticos, empresarios y políticos "respetables". Los miles de familiares de las víctimas siguen esperado verdad y justicia sin resultado. Nuestra sociedad está enferma. La desmemoria le ha arrancado la vergüenza.

Torturador y "diplomático"

El mayor de Ejército (r) Ricardo Manríquez Pearson, ministro consejero y hasta hace pocos días cónsul general de Chile en Honduras, es un torturador. No es un mal chiste, ni una invención de fábula. El gobierno de Ricardo Lagos ha debido dar más de alguna explicación por este bochorno internacional, que no es el primero de la interminable "transición a la democracia". El propio ministro de Interior, José Miguel Insulza, reconoció ante los medios de prensa que el mayor (r) Manríquez goza de "inamovilidad" por ser funcionario de planta de la Cancillería, gracias las "leyes de amarre" que dejó la dictadura del genocida general Augusto Pinochet, y que los gobiernos civiles no se han dignado en modificar. Es un escándalo gravísimo, pero en Chile se explica con desparpajo que Manríquez Pearson "seguirá como diplomático sin destinación y recibiendo sueldo del Estado". En la ciudad de San Fernando, en la VI Región, algunas de sus cientos de víctimas interpondrán una querella en su contra.

El periódico La Nación, que reveló la noticia, publicó testimonios de algunas de quienes fueron sus víctimas en el Regimiento "Colchagua", en el cuartel de la Policía de Investigaciones en San Fernando y en la Cárcel Pública. El "diplomático" Manríquez tuvo en sus manos el destino de miles de prisioneros políticos en la provincia de Colchagua pues se desempeñó como jefe de Inteligencia Militar. Incluso hoy está declarado "inculpado" en algunos casos de detenidos desaparecidos. La noticia publicada el 12 de abril, impactó a numerosos chilenos víctimas de la tortura. En San Fernando y sus alrededores, ex prisioneros políticos revivieron los tormentos aplicados por Manríquez y sus hombres. Cientos se movilizaron, redactando una carta que entregaron al propio presidente de la República en una ceremonia en la localidad de Nancagua.

No sucedió mucho. Manríquez fue llamado por el gobierno para regresar a Chile y se le quitó su calidad de "cónsul general", ordenándosele ponerse a disposición de la justicia por el caso del detenido desaparecido Justino Vásquez. En dicho proceso hay numerosas declaraciones de quienes fueron subordinados de Manríquez cuando se desempeñó como interventor de la Policía de Investigaciones, que lo reconocen como quien estuvo a cargo las detenciones y de dirigir la represión en la zona. Entre los "subalternos" de Manríquez que han declarado ante la jueza Sofía Adaros se encuentran los funcionarios Carlos Yáñez, Mario Ubilla, el subcomisario (r) Muñoz Cartes; José Valladares; el comisario Plutarco Garrido, y el suboficial de Ejército (r) Francisco Manríquez. Ricardo Manríquez Pearson sigue libre. Sus víctimas lo daban por muerto en un Hospital siquiátrico. Ese fue el rumor que se echó a correr hace décadas y que le sirvió de manto a este torturador para hacer su vida con plena normalidad. Y la seguirá haciendo como miles de torturadores que gozan de impunidad en Chile.

Hace unas semanas, el juez con "dedicación exclusiva" en casos de derechos humanos, Joaquín Billard, titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago, condenó a 15 años y 1 día al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán Castilla por el "secuestro calificado con resultado de muerte" en la persona de Juan Luis Rivera Matus, registrado en 1975. Junto a Corbalán se condenó al ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López. En calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), general (r) Enrique Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de "pena remitida", es decir, se les condenó a ir a firmar un libro una vez cada dos semanas.

La DINE ha seguido en funciones durante los tres gobiernos "democráticos". Corbalán, condenado a "cadena perpetua" por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, ocurrido en 1983, fue visto hace poco "comprando verduras" y "paseando" en un minimarket de la comuna de La Reina, al oriente de Santiago. El gobierno y la justicia debieron dar explicaciones. El escándalo finalmente se tapó con noticias de la farándula y el deporte. No rodaron cabezas como debió ocurrir, y casi nadie alzó la voz. La impunidad pareciera ser más pesada que cualquier verdad.

El nombre de Juan Luis Rivera Matus apareció en el informe de la "Mesa de Diálogo" -gestada por el gobierno, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, en las postrimerías del gobierno de Frei Ruiz-Tagle y principios de Ricardo Lagos- como una de las víctimas "lanzadas al mar", junto a 131 personas. Lanzadas al mar en 1973 por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, luego de ser asesinadas, amarradas con alambres de púas, y sujetas a rieles de tren o envueltas en sacos. Se dio esa "explicación" para intentar acabar con la doctrina del secuestro "permanente" -delito inamnistiable e imprescriptible-, basada en tratados y convenciones internacionales. Nuestros "detenidos desaparecidos" permanecen secuestrados aún mientras sus cuerpos no aparezcan. 30 años de secuestro en la ignominia y el horror. Sin embargo, el 2001 los restos de Juan Luis Rivera Matus aparecieron en el Fuerte del Ejército "Justo Arteaga" en Peldehue, al norte de Santiago.

Juan Rivera, militante del Partido Comunista (PC), dirigente sindical de Chilectra, había sido detenido el 6 de noviembre de 1975. Ese mismo día se interpuso un "recurso de amparo" ante la Corte de Apelaciones que fue rechazado por el tribunal, luego de un "informe falso" emitido por el ministerio de Interior de ese entonces. Rivera no permanecía clandestino como dijo el ministerio del Interior en 1975, ni salió del país, ni se fue a Europa. Rivera no fue lanzado al mar como dijeron los militares el 2001. Fue otra mentira para ocultar la verdad, para enseñorearse aun más con la impunidad de la que gozan

13 de mayo de 2004

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