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Plan Condor

Uruguay: ultima udienza per l'estradizione dei militari accusati di crimini contro l'umanita'

22 settembre 2004 - Darío Montero
Fonte: IPS

URUGUAY: Tiro de gracia a extradiciones

MONTEVIDEO , 21 sep (IPS) - La Corte Suprema de Justicia de Uruguay cerró
el último resquicio para extraditar a Argentina a militares acusados de
perpetrar crímenes contra la humanidad en los años 70 y 80, al resignar
competencia de modo expreso ante el Poder Ejecutivo.

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que
reclamó la competencia de la Corte para entender en el pedido de la
justicia argentina, estudiará otras variantes como llevar el caso a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a IPS el abogado Martín
Prat, integrante de esa organización no gubernamental.

En un fallo unánime, el máximo tribunal dispuso este martes que no
corresponde reclamar al Poder Ejecutivo el expediente del pedido de
detención con fines de extradición de cinco uniformados uruguayos,
tramitado el 21 de junio de 2001 por el juez federal argentino Rodolfo
Canicoba Corral por delitos cometidos en ese país en el marco de la
coordinación represiva del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor.

Los requeridos por cargos de secuestro, tortura y desaparición de personas
son los oficiales militares uruguayos retirados José Gavazzo, Julio Vadora,
Jorge Silveira y Manuel Cordero y el comisario Hugo Campos Hermida (ya
fallecido).

Prat lamentó que el dictamen cierre los recursos en este país y marque en
cierto modo el camino para futuras solicitudes de extradición a imputados
de abusos a los derechos humanos, aunque no siente jurisprudencia para la
justicia penal uruguaya, aclaró.

El mismo disgusto manifestó a IPS la abogada Hebe Martínez Burlé,
querellante en Uruguay --y asesora de los que auspician la investigación en
Buenos Aires-- por el esclarecimiento de los asesinatos de los legisladores
uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, cometidos en 1976 en
Argentina, y también incluidos en la causa del Plan Cóndor.

El fallo del primer caso relacionado a extradiciones por delitos
humanitarios que llega a la Corte, señala que "el Poder Judicial carece de
competencia para emitir cualquier pronunciamiento en vía jurisdiccional
sobre el fondo de la cuestión", debido a la razón de "orden público"
invocada por el Poder Ejecutivo para negar el pedido de extradición sin
pasar los antecedentes a la justicia.

La apelación al orden público, que se alteraría en caso de proceder a la
detención y envío a Buenos Aires de los acusados, se remite a lo
establecido en el tratado de extradición vigente desde el 10 junio de 2001,
11 días antes de que se materializara la solicitud del juez bonaerense, así
como a los acuerdos vigentes en el Mercosur (Mercado Común del Sur), que
también integran Brasil y Paraguay.

La presentación de Ielsur pretendía que, "en custodia de la separación de
poderes consagrada en la Constitución", la justicia atendiera la solicitud
de su par argentina, quitando el trámite de la órbita del gobierno, que lo
había congelado.

La solicitud de Canicoba Corral fue archivada por el Poder Ejecutivo
uruguayo con base en el informe del fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, hoy
suspendido en su cargo por el Ministerio de Educación y Cultura, que lo
investiga por presuntas irregularidades.

El juez argentino fundamentó su exhorto en que la desaparición forzada de
personas es un delito continuado, y mientras no se esclarezca el destino de
la víctima, ninguna prescripción comienza a correr.

El secuestro, tortura y desaparición de prisioneros son los cargos
imputados a los militares en la voluminosa causa del Plan Cóndor, que
analiza la coordinación que establecieron las dictaduras de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80 (con
conocimiento de Estados Unidos), para perseguir y eliminar a opositores.

Organizaciones de derechos humanos estiman que unos 160 uruguayos
desaparecieron durante el régimen dictatorial (1973-1985), la mayoría de
ellos en Argentina, tras pasar por centros de detención ilegales dirigidos
por fuerzas de ambos países, como el llamado Automotores Orletti de Buenos
Aires.

Además, las cárceles de Uruguay llegaron a tener la mayor proporción de
presos políticos de América respecto de su población de entonces: tres
millones de habitantes.

El fiscal Peri Valdez basó su recomendación contraria a la extradición en
la Ley de Caducidad, que alejó de los tribunales desde 1989 a los
uniformados acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura
uruguaya.

Pero ese informe del fiscal sólo pudo hacerse público en 2002, cuando la
Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por
el periodista Andrés Alsina, patrocinado por Ielsur, que obligó a
divulgarlo al actual gobierno de Jorge Batlle.

Tras patrocinar a Alsina, Ielsur recurrió a la Corte Suprema, entendiendo
que en ese informe de Peri Valdez "queda de manifiesto que la petición" de
Canicoba Corral "ha quedado sólo reducida a la esfera de los ministerios de
Defensa y de Relaciones Exteriores, sin que la justicia tomara noticia, ni
actividad procesal al respecto".

El pedido de los abogados de Ielsur arguyó que "la tradición histórica de
separación de poderes, consagrada constitucionalmente y base de nuestro
sistema democrático, ha sido desplazada con la decisión adoptada" por el
gobierno, que contradice además tratados penales internacionales de
cooperación firmados por el país.

Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida ya habían sido procesados en
Argentina por los mismos delitos y otros conexos, pero quedaron fuera del
alcance de la justicia por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final
aprobadas en los años 80, y anuladas en 2004 por el parlamento argentino.

Nuevos pedidos que seguramente cruzarán el Río de la Plata cuando avance la
causa por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz mantendrán en la
mira a ese grupo de represores y a otros señalados por organizaciones de
derechos humanos y abogados querellantes.

El gobierno de Batlle y en particular su ministro del Interior, Daniel
Borrelli, aún no explicaron el paradero de Cordero, tras el escándalo
público cuando un familiar dijo que había salido del país pese a que estaba
requerido por Interpol y enfrenta una causa por desacato contra el juez
José Balcaldi.

El reclamo a las autoridades del no gubernamental Servicio Paz y Justicia
(Serpaj) de Uruguay todavía no fue respondido, pese a que ya transcurrieron
más de dos semanas de que fuera conocido.

El dictamen de este martes y el hecho de que hasta ahora sólo haya en
Uruguay un procesado por delitos de lesa humanidad (el ex canciller Juan
Carlos Blanco), son otro "golpe a la esperanza de que finalmente se haga
justicia" en algunos crímenes de la dictadura, comentaron a IPS varios
activistas. (FIN/2004)

www.ipsnoticias.net

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