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Argentina: recuperare la nazione perduta

Si analizza come la sovranita' nazionale sia stata fortemente ridotta dalle privatizzazioni che hanno riguardato tutti i settori strategici
28 settembre 2004 - Félix Herrero

Argentina: Recuperación de la Nación perdida, empresas, rentas,
recursos naturales y otros temas

Este artículo analiza las formas en que las privatizaciones de empresas, las
transferencias al sector privado de la renta energética y, en general, la
entrega del patrimonio nacional han reducido fuertemente la soberanía
económica; porque no se trata únicamente de la privatización de nuestras
empresas. Privatización empresaria y desregulación de las actividades
conforman el modelo privatizador. Pero junto con el abandono de la gestión
pública se perdieron muchos otros derechos, como el de gozar como país de la
renta de los recursos naturales, la propiedad de los mismos, la
planificación, la calidad del servicio público como servicio para todos.
También quisieron y quieren cambiar nuestro derecho. Todo con decisiones que
hicieron caso omiso de la moral pública y el respecto a las normas legales.

'La ironía de la desregulación es que cuanta más libertad tienen las
empresas, más necesitan que el gobierno acuda a salvarlas', John Ralston
Saul ('Los bastardos de Voltaire: La dictadura de la razón en occidente').

Cuando se critica el fenómeno de la privatización, en general se suele
considerar el aspecto de la transferencia empresaria, es decir la
privatización como cesión del paquete accionario o directamente de los
activos, a una empresa que deja de ser del Estado.

Pero el fenómeno de la privatización (de la gestión empresaria) no se agota
con la venta de activos, o por lo menos no cubre todo el proceso de
transferencias que los programas de privatización incluían . Por ello es
necesario analizar la privatización así definida junto con las políticas de
desregulación, equivalentes al establecimiento de las normas del mercado
para beneficio de las empresas privadas, en general extranjeras en el caso
argentino.

En la mayoría de los países latinoamericanos, privatización y desregulación
se dieron unidas, tal como las concibieron el Fondo, el Banco Mundial, el
'Consenso de Washington', y las escuelas neoliberales. Pero para ver los
efectos completos de estas políticas, bien resumidas con el término
'neoliberal', es conveniente tomar en cuenta no sólo la desregulación
normativa (que impuso nuevas reglas de juego a la actividad energética, o al
mercado) y la enajenación de los activos, sino también otros aspectos como
la gestión y renta empresarias, la renta petrolera y energética en general,
y la propiedad y uso de los recursos naturales. También se debe analizar la
naturaleza del derecho aplicable, los costos de generación o producción, las
decisiones de planificación y la elaboración de estadísticas.

La suma de la desregulación de las actividades (o del mercado) y la
privatización de las empresas públicas fue tan intensa en el programa
liberal que, inicialmente, hubo en muchas situaciones reales una
desregulación sin privatización que consolidó a la empresa pública. Ello
puso al descubierto la ineficiencia e ineficacia de muchas empresas privadas
que, pidiendo libertad de competencia porque conocían que no estaban en
condiciones de competir libremente contra las empresas públicas, por lo cual
se las adueñaron.

Empresas públicas sin renta

Son conocidos los casos en que la renta generada por las empresas públicas
(antes de ser privatizadas) se 'filtraba' a favor de los grupos empresarios,
fenómeno conocido popularmente como 'patria contratista'. En Argentina
fueron esos mismos grupos locales los que luego se convertirían, con las
privatizaciones, en los dueños de esas empresas públicas. No para siempre,
sino para cobrar el 'impuesto o peaje' que significó participar en las
privatizaciones para luego retirarse y trasladar la titularidad empresaria
total o parcialmente a firmas extranjeras, etapa en que como vendedores ya
no les preocupaba que los compradores fueran estatales o privados. Un caso
reciente, en Venezuela, es el de PDVSA, que culminó en el sabotaje petrolero
(realizado por sus directivos, mediante una presunta huelga que duró tres
meses): la filtración de la renta se hacía a través de generosas
asociaciones de producción con las multinacionales, con la venta del crudo
de la Faja del Orinoco al precio de bituminoso y no al precio de petróleo, y
con los tradicionales contratos de locación de obras y de servicios.
Felizmente la reacción del gobierno y del pueblo venezolano terminó con la
práctica de desposeimiento de la renta petrolera (esta práctica, con un
elevado grado corruptor, obedece a dos objetivos: el primero y obvio es
despojar al Estado de sus ingresos, apropiándoselos; y el segundo consiste
en endeudar y debilitar a las empresas para que resulten no rentables (de
manera real o ficticia) y así 'justificar' la trasferencia empresaria o, en
algunos casos, la liquidación lisa y llana, para lograr posteriormente la
captura íntegra de la renta.

En Argentina tuvimos un período de 'patria contratista' que, además de
entregar la política energética a los contratistas significó la
transferencia parcial de la renta, lo que fuera manifiesto en el caso de
YPF, en general a través del pago de precios exageradamente altos en los
contratos de locación de obras y servicios(1). La empresa era rentable, pero
con esos contratos y otras manipulaciones se la esquilmó. Entre esas otras
prácticas quedan en la memoria histórica las ventas del crudo a las
destilerías de Shell y ESSO a precios inferiores a los que se pagaban a los
contratistas (tipo Pérez Companc, por ejemplo) por la extracción del
petróleo que pertenecía a YPF. También se pusieron en práctica otras
estrategias corruptoras, como obligar a la empresa pública a endeudarse en
el exterior con créditos en dólares que nunca utilizaron (2) ya que se los
destinaba a la llamada 'patria contratista' y, en numerosos casos, a las
empresas que competían con las estatales o actuaban para que estas empresas
se retiraran del 'mercado' (3). También se utilizó la 'contabilidad
creativa' haciendo figurar inversiones sociales y territoriales como gastos
comunes, no contabilizando activos sustanciales (aguas de las represas,
crudo y gas natural en el subsuelo, etc.) y otras prácticas destinadas a que
las empresas públicas no pudieran desarrollar toda su potencialidad
empresaria (4).

La historia en tres periodos

Si quisiéramos hacer una relación de las empresas públicas en función de la
gestión, la renta, y la propiedad y uso de nuestros recursos naturales, se
deberían considerar tres etapas por las que han pasado las empresas
públicas, teniendo presente que las épocas no son las mismas en todos los
subsectores o todas las firmas: YPF nace en 1923, pero el período dorado o
épico se inició con el descubrimiento del petróleo argentino, pero Agua y
Energía, los ferrocarriles estatales y Gas del Estado son del decenio del
40. Dejando de lado el período del viejo liberalismo anterior a este período
épico, que tampoco fue general porque coexistían ferrocarriles privados con
públicos, generación privada con pública, etc., el período épico significó
la construcción social y económica del pueblo argentino respecto a los
servicios públicos y a los recursos naturales esenciales.

Podemos decir que durante el siglo XX se manifiestan, según los sectores,
sin evolucionar de la misma manera, los tres períodos: el dorado de la
empresa pública sin cesión de la renta; el contratismo o de la 'patria
contratista', donde la empresa pública sufría la cesión parcial de su renta,
que puede ubicarse con la pujanza contratista reaparecida en el año 1976, y
el período privatista o de la 'patria privatista' iniciado con fuerza
dominante a partir de 1989.

El período fundador o dorado(5) de la empresa pública sin patria contratista
(es decir sin filtración parcial de su renta) lo diferencia del período
contratista por la generación y destino de la renta En el período
contratista la empresa sigue siendo pública pero desciende el compromiso
social de sus directivos. En el período contratista tampoco había
transferencia del patrimonio público, ni en la elaboración estadística ni en
la planificación, ya que todos estos males vendrán directamente con las
privatizaciones.

Como ya se dijo, previamente a estas dos etapas existió un período cuasi
legendario del servicio público: la empresa estaba al servicio del público y
ser servidor público era un orgullo. Luego del período fundacional de la
empresa pública se instaló el período del contratismo a través de
funcionarios de las empresas públicas, muchas veces designados y controlados
por las empresas privadas contratistas, al mismo tiempo en competencia con
la empresa pública. El período de la patria privatista trae la privatización
total con el consecuente apoderamiento de la gestión, la renta, la propiedad
de los Recursos Naturales y el capital. Se altera el principio del servicio
público (misión pública para el usuario y respeto a sus trabajadores y
profesionales) para imponer el criterio privado y comercial de la actividad
(rentabilidad ante todo; el cliente reemplaza al usuario). Y negando, por
otra parte, las explicaciones realizadas previa y durante el proceso de
privatización, los niveles de corrupción activa y pasiva del período
privatista superaron a los del período contratista.

Si se compara el apoyo real y el entusiasmo popular que tuvieron las grandes
fundaciones de las empresas publicas(6) con relación a las privatizaciones,
se comprende como estas últimas nacen en cenáculos de negocios (en el 'clima
de los negocios') y nunca tuvieron un real apoyo y afecto popular. Si lo
hubieran tenido ¿por qué no se llamó a plebiscitos que justificaran las
privatizaciones?(7) El caso uruguayo es más que paradigmático: nunca
pudieron privatizar porque no hubo traición de dirigencias y porque el
pueblo fue consultado en varias ocasiones.

La política de renacionalización (como se hace en Bolivia) o de
recuperación, no se cumple simplemente con la recreación de una empresa
estatal (hecho, sin embargo, positivo y que debe apoyarse). Pero no basta
con cualquier empresa estatal, sino que se debe rever totalmente la
desregulación a favor de las privatizadas y además se debe recuperar la
renta, como también la decisión planificadoray los Recursos Naturales (hay
concesiones a tan largo plazo que se asemejan a la entrega de la propiedad,
y algunas concesiones con términos ampliados con la práctica corrupta de
otorgar prórrogas de explotación de yacimientos casi contemporáneamente a la
firma del contrato original).

La política de precios no puede ser desregulada de tal modo que se vendan a
cualquier precio los bienes naturales que se nos están agotando. No se puede
'liberar' el precio de venta de los bienes estratégicos sin tener en cuenta
los costos de extracción o producción y toda la cadena de precios. Mucho es
lo que hay que recuperar, pero sí es algo posible, como lo muestran países
de América Latina que están luchando por sus empresas, por las rentas de
estas actividades esenciales y estratégicas y para terminar con la cesión de
sus Recursos Naturales.

Notas:
(1) Un libro de Marcelo Bonelli, 'Un volcán en llamas: los Contratos
Petroleros', retirado de las librerías a pocas semanas de su aparición (en
1983) relata detalladamente la transferencia de la renta petrolera a las
empresas de la patria contratista.
(2) El libro de Alejandro Olmos sobre la deuda externa demuestra cómo las
empresas energéticas públicas fueron obligadas a tomar créditos que no
necesitaban, no pidieron ni jamás recibieron.
(3) Se deben recordar las posturas de muchos empresarios comprometidos con
el modelo neoliberal menemista que además de exigir y lograr la
desregulación transitaron exitosamente por el sendero de la privatización a
través de diversas medidas, como la que proponía que YPF diera la gestión a
los privados, o que YPF fuera entregando participación accionaria a las
empresas contratistas, partiendo del 20% para convertirla en una empresa
mixta.
(4) La contabilidad creativa no fue un invento reciente de Enron y otras
empresas corruptoras; Argentina y otros países de América Latina la
conocieron en su plenitud antes del desastre de Enron y de Arthur Andersen y
de la crisis energética de California.
(5) El período fundador de las empresas y servicios públicos franceses tuvo
un concepto ético y patriótico. Veáse Louis-Marie Barnier y Patrick
Rozanblatt (EL SEÑOR ESTE SE LLAMA ROSENBLATT, CON E), 'El Estado y la
empresa pública frente a la lógica del mercado', en Education Permanente,
París, 1997, referido a la privatización de la empresa Air France. El
período fundador y épico francés de las grandes nacionalizaciones se realizó
en cumplimiento del programa del Consejo Nacional de la Resistencia luego de
la derrota del nazismo en Europa. En Argentina el período fundador también
se caracterizó por ser ético y patriótico, con figuras como Mosconi,
Baldrich, Madariaga, Newton, y más tarde con Canessa y Maggi, que se
impusieron sobre los trust petroleros fundando la primera empresa
petrolífera estatal, construyendo el gasoducto de su tipo más grande del
mundo (prácticamente sin medios) y creando empresas estatales para enfrentar
a los grandes monopolios eléctricos europeos y estadounidenses.
(6) La adjudicación de deshonestidad a las empresas públicas argentinas
comenzó con su nacimiento, como sucedió con el valor de compra de los
ferrocarriles ingleses. Los ataques a esta nacionalización fueron contra la
recuperación, más que para criticar al primer gobierno de Perón. Eduardo M.
Basualdo recuerda en su reciente trabajo 'Los primeros gobiernos peronistas
y la consolidación del país industrial: éxitos y fracasos' la cita del
artículo de P. Skupch 'Nacionalización, libras bloquedas y sustitución de
importaciones' (Desarrollo Económico, Buenos Aires, 1972) donde se aportaron
datos sobre la compra de los ferrocarriles a los británicos. Dice Basualdo
que 'La problemática central eran los 112 millones de libras que a fines de
1945 tenía la Argentina en el Banco de Inglaterra como resultados de sus
saldos comerciales favorables obtenidos en los años de guerra que estaban
bloqueados a raíz de la insolvencia inglesa (...) Dicho tratado
(Miranda-Eady) implicaba una buena negociación para el país ya que fijaba en
150 millones de libras el precio la transferencia de esos activos, que de
acuerdo a P. Skupch: 'El precio convenido excedía ligeramente la valuación
de la Bolsa de Londres (130 millones de libras), pero estaba muy por debajo
de su valor nominal (250 millones de libras) y tal vez por debajo de su
costo de reemplazo''.
(7) Debe recordarse que C. Menem y E. Duhalde en su libro en colaboración,
'La revolución productiva', publicado antes de ser votados en la fórmula
presidencial, prometían el fortalecimiento de las grandes empresas públicas
nacionales y de ninguna manera la privatización de las mismas.

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