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Argentina:le vittime della dittatura denunciano un centro clandestino di detenzione

11 novembre 2004
Fonte: Adital

Víctimas de la dictadura denuncian un centro clandestino de detención

Adital - La dictadura argentina, que transcurrió de 1976 a 1983, continúa repercutiendo en la vida de la población. La mayoría de los militares y civiles que torturaran unos 30 mil argentinos y extranjeros que vivían en el país se mantienen en libertad. Pero a los pocos, las víctimas de la dictadura están denunciando a sus torturadores y a los centros clandestinos de detención. Se estima que en Argentina llegó a haber alrededor de 368 campos de concentración ubicados a lo largo y ancho del país. La Comisión Nacional Argentina sobre la Desaparición de Personas contabiliza 9.000 muertes de 1976 a 1983.

En esta semana, los argentinos Daniel García, Alba Sánchez y otra mujer conocida como "La Tana" denunciaron ante la Justicia Federal un centro clandestino de detención de la dictadura en la zona de San José del Rincón, en el departamento de Santa Fe. Según el informativo Tercer Mundo On Line, ellos también pudieron identificar a varios de sus secuestradores que los torturaron y despojaron de todos sus bienes, entre ellos una vivienda y una camioneta Ford F100.
Daniel García, su esposa Alba Sánchez y "La Tana" estuvieron cautivos durante cinco meses - entre el 6 de diciembre de 1977 y el 25 de mayo de 1978 ‑ en una casa ubicada en las cercanías del Sindicato de Trabajadores Viales, en Villa California, a 200 metros al oeste de la ruta 1, donde operó un grupo de inteligencia integrado por militares, policías y civiles. El matrimonio identificó a un capitán del Ejército de apellido Domínguez, al que llamaban "Potín" y a un oficial de la Policía de la provincia, Héctor "Pollo" Colombini, que pasó al retiro en el anterior gobierno de Jorge Obeid cuando era jefe de Drogas Peligrosas. Los dos se formaron en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 que estaba al mando del teniente coronel Domingo Manuel Marcellini.

La denuncia fue presentada ante el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, junto a un croquis de la casa que funcionó como centro clandestino y ratificada el martes último ante el magistrado. García, Sánchez y "la Tana" fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977, al mediodía, en un bar de la estación de servicio de la curva Mauri, en Santo Tomé.

En la denuncia, García ofreció un semblante de los represores. Por ejemplo, Domínguez era oficial del Ejército, "posiblemente con el grado de capitán por lo que pude inferir de las conversaciones entre ellos y porque pensaba ir al curso de la Escuela de Guerra. Era de baja estatura, pelo castaño, ojos claros, de aproximadamente 30 años", recordó García.

El proceso de sanción de los torturadores ha sido cada vez más difícil en el país. Sólo en 1995, algunos ex torturadores empezaron a confesar sus crímenes. Uno de ellos fue el capitán de navío Scilingo, que relató como se eliminaron a cientos de "desaparecidos" en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), transformada recientemente en un memorial, cuando se inyectaba a los detenidos un calmante, se los subía a aviones de la Armada para luego ser arrojados al océano Atlántico o al Río de la Plata.

Hasta aquel momento los acusados siempre negaron sus responsabilidades directas, escudándose en "la obediencia debida". Se produjo entonces un efecto dominó y otros oficiales y suboficiales se explayaron frente a las cámaras de televisión, contando pormenores de las atrocidades cometidas.
Pero en aquel año el gobierno creó un decreto de "olvido y autoamnistía poniendo una barrera jurídica para todo reclamo por las "desapariciones" y demás violaciones de los derechos humanos, que el gobierno calificó de "excesos".

Con el fin de la dictadura, las nuevas autoridades civiles procesaron a los nueve comandantes generales de las Fuerzas Armadas: generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Pero la tarea fue dada al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". El argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo, en la época, que "el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar a los militares".

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