Brasile: le avvertenze di un amico
Hay una conspiración en curso para reducir los derechos sociales de la Constitución. Como si no bastase la política financiera que rige Brasil, trabando su crecimiento, los alquimistas del área económica proponen reducir todavía más los gastos públicos, empezando por la desindexación de las jubilaciones del salario mínimo. Si se aprueba este proyecto, el salario mínimo tendría aumentos anuales sin que eso signifique corrección del valor de las jubilaciones. Los hechiceros del neoliberalismo consideran "un absurdo" que Brasil gaste el 11% de su PIB en Seguridad Social. En ningún momento se indignan cuando el país canaliza mucho más para los acreedores de la deuda pública. Dinero público para la bolsa privada de los ricos, pase. Dinero para quien trabajó 30 años y contribuyó con la seguridad social, o se vio obligado a jubilarse por razones de la salud, ni pensarlo. Tales señores no tienen la menor sensibilidad, no digo humanitaria, sería pedir de más, sino económica. No les agrada que la Seguridad Social funcione como canal de distribución de renta, sobre todo para los más pobres. ¿Qué sería de los ancianos en la zona rural si esa conspiración tuviere éxito? Del total del presupuesto federal, el 44% son consumidos por la Seguridad Social. Para los neoliberales, ese monto debería ser apropiado por los acreedores. Dando prioridad al mercado interno, aumenta la riqueza en circulación y el poder adquisitivo de los más pobres. La deuda pública brasileña llegó al nivel de R$ 1 billón. Como los acreedores ansían recibir cuanto antes lo que se les debe, presionan el gobierno para recortar gastos. ¿Dónde? No hay que tener la bola de cristal para adivinar: en los programas sociales. Menos recursos para el combate al hambre, para la educación, para la salud, lo que significa reducir la presencia del Estado en la garantía de derechos esenciales. Sale el Estado, entra la iniciativa privada. Así, todo se inserta en la lógica demoníaca del mercado. Los derechos pasan a la condición de mercancías. Así, permanece analfabeto y sin cuidado de la salud todo ciudadano que no pudiere pagar por tales derechos. Indague de su candidato a diputado federal y a senador como se posiciona frente a este panorama. La cuestión no es meramente contable. Es también política. En ningún momento los defensores del Estado Mínimo hablan de reformas de estructura. Para ellos ,la estructura agraria de Brasil no puede ser cambiada, aunque el 46% de las tierras estén en manos del 1% de los propietarios rurales y todavía hay trabajo esclavo. Y si los tucanos (1)volviesen a gobernar el país, no me sorprendería si, en nombre dela "modernización" del aparato estatal, propusieran la privatización de Petrobras, del Banco do Brasil y de la Caja de Ahorros Federal. Para los actores de esa conspiración elitista, los derechos sociales asegurados por la Constitución de 1988 son, literalmente, una "herencia maldita". Le corresponde a la sociedad brasileña, a través del voto y, sobre todo, de la movilización, impedir ese retroceso constitucional. ¿Por qué no recortar en los intereses yen el superávit primario? ¿Por qué no aumentar los impuestos a quien posee más renta y exonerar a los más pobres? No ceda el elector a la ingenuidad de elegir candidatos por la simpatía, la sonrisa, el discurso, las promesas. Cerciórese que ellos estén, de hecho, comprometidos con el principal desafío dela política brasileña: reducir la desigualdad social.
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