L'Ecuador entra nel club dei "bambini cattivi"
El 13 de diciembre de 1998, en una operación presuntamente antiguerrillera, helicópteros del ejército colombiano bombardearon la aldea de Santo Domingo, cerca de la frontera con Venezuela, y mataron a 17 campesinos desarmados, entre los que había siete niños. El ataque fue dirigido por tres mercenarios estadounidenses -uno de ellos de origen cubano- desde un avión Sky Master Cessna 337.
Los filibusteros del aire eran los norteamericanos Charles Denny y Dan Mc Clintock y el cubano Bárbaro José Orta. Los tres habían sido contratados por Air Scan International, una compañía privada de vigilancia aérea radicada en Rockledge, en el estado de Florida. El avión en el que volaban estaba dotado con sofisticados equipos de inteligencia electrónica y durante la incursión contra la población civil se desplazaban a mayor altura que los helicópteros para coordinar las acciones.
Posteriormente se reveló que la aeronave Sky Master era propiedad de la Occidental Petroleum Company, conocida como OXY. Concluido el operativo, el aparato se ocultó en las instalaciones que la firma posee en Caño Limón, departamento de Arauca, al noroeste de Colombia.
Considerada como la más inhumana de las firmas petroleras estadounidenses, la OXY tiene un largo historial en Hispanoamérica de violencia contra poblaciones nativas, depredación de flora y fauna, y destrucción de milenarios sitios sagrados. Además, la empresa se caracteriza por evadir impuestos, no ajustarse a las tasas de producción autorizadas, no informar sobre nuevas perforaciones, no entregar sus estados financieros ni inventarios y no pagar derechos aduanales.
Este modus operandi de la OXY -típico del período de las “banana republics” en la mitad del siglo pasado- concluyó abruptamente en Ecuador, donde se había instalado en 1999. La compañía ganaba cuatro millones 800 mil dólares diarios (es decir, 123 millones al mes) y debía 360 millones de dólares de tributación fiscal. La caducidad de los contratos con la firma ya había sido solicitada, sin éxito, por la Procuraduría General del Estado en agosto de 2004 y noviembre de 2005 por flagrantes violaciones a la Ley de Hidrocarburos ecuatoriana.
La noticia cayó como un balde de agua helada en Washington, donde se anunció que Estados Unidos interrumpirá las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) pendiente con el país andino.
El presidente de la estatal Petroecuador, Fernándo González, replicó desde Quito que la OXY “defraudó la confianza que les dio el país para que administre un recurso que es de todos los ecuatorianos”. Y también mencionó una posible alianza energética con Argentina, Chile y México para atender la producción de los campos de la empresa estadounidense, estimada en 110 mil barriles diarios.
El ministro de Economía, Diego Borja, indicó a su vez que la decisión de Estados Unidos de no continuar la negociación del Tratado de Libre Comercio no quiere decir que el país este acabado. “Con TLC o sin TLC tenemos que seguir adelante', dijo.
Ni el titular de la compañía estatal ni el ministro lo mencionaron, pero seguramente en el Departamento de Estado tomaron nota de lo no dicho: ahí también están Bolivia y Venezuela -dos repúblicas de la hermandad andina en ascenso- que seguramente acudirán en apoyo de Ecuador. Ya lo dijo Evo Morales cuando el primero de mayo pasado renacionalizó los hidrocarburos de su país: “Lo que necesitamos son socios, no patrones”
Tímidamente, Ecuador se suma al “eje del mal” La Paz-Caracas. Desde aquella agitada cumbre presidencial de Mar del Plata, en noviembre de 2005, se está configurando otro esquema geopolítico en la extensa región sur del continente, muy distinto al diseñado por Estados Unidos. Y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dirigida a control remoto desde Washington, parece reducirse cada vez más a un sueño imperial de una noche de verano.