Ecuador: la repressione frena la protesta contro il TLC

Quito, 23 de marzo. Tras 12 días de protestas, los indígenas de Ecuador anunciaron este jueves la suspensión temporal del levantamiento contra el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, pero el gobierno aseguró que mantendrá el estado de emergencia hasta que el país esté ''totalmente pacificado''.

''La protesta fue suspendida temporalmente'', dijo a la Afp Santiago de la Cruz, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), al cabo de 12 días de bloqueos y movilizaciones en varias provincias, que mantuvieron en vilo la gobernabilidad del país. El dirigente indicó que la organización se reunirá el 31 de marzo en la ciudad andina de Riobamba, con el propósito de ''redefinir acciones'', proseguir la lucha contra el TLC y exigir la salida de la petrolera estadunidense Oxy. ''Nos vamos a replegar, pero el levantamiento se reanudaría tras la asamblea en Riobamba, si es que hasta entonces el gobierno no se compromete al menos a convocar una consulta popular para decidir sobre el TLC'', manifestó el líder indígena. Sin conceder tregua a los manifestantes, el gobierno se limitó a tomar nota del repliegue, pero descartó la derogación inmediata del estado de emergencia que militarizó cuatro provincias y dos cantones de la sierra andina. ''El estado de emergencia se mantiene y se mantendrá hasta que el país esté totalmente pacificado'', indicó el secretario de Comunicación, Enrique Proaño, quien responsabilizó a la Conaie de las pérdidas que puedan seguir causando en el sector productivo. Tras el toque de queda impuesto por el presidente Alfredo Palacio, el levantamiento perdió fuerza en la sierra, pero en horas del mediodía se agudizó en la capital con choques con la fuerza pública que dejaron decenas de heridos leves, según la dirigencia indígena. Los estudiantes universitarios y de colegios se sumaron a las protestas y marcharon por el centro de Quito, aunque cuando quisieron avanzar hacia la sede de gobierno fueron repelidos con gases lacrimógenos. Además de Quito, la situación se tornó tensa en la ciudad norteña de Otavalo, cobijada con el decreto de emergencia, donde los nativos desafiaron las medidas del Ejecutivo y bloquearon varias vías. ''Rechazamos la actitud fascista del presidente Alfredo Palacio y pedimos que levante el estado de emergencia si quiere dialogar'', expresó el diputado Ricardo Ulcuango, del movimiento Pachakutik de los indígenas. Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega, aseguró que el estado de excepción surtió efecto y permitió despejar un importante número de carreteras bloqueadas. Vega rechazó, de paso, las exigencias de la Conaie para terminar con el levantamiento iniciado el 12 de marzo, a cambio de que se suspendan las negociaciones comerciales en Washington y el estado de emergencia. ''Suspender la negociación sería un despropósito enorme. No lo vamos a hacer, la decisión del gobierno es negociar hasta el último minuto y el resultado de esa negociación marcará el camino'', afirmó. En consecuencia, el funcionario descartó el pedido del movimiento indígena para someter a consulta popular el TLC, cuya etapa de definiciones empezó a ser discutida este jueves en Washington. No obstante, Vega invitó a los manifestantes a que impulsen por su cuenta el plebiscito a través de la recolección de firmas. La Conaie, por intermedio de la Iglesia católica, planteó el pliego de peticiones al gobierno, pero éste declinó la mediación enfatizando que ''no necesita puentes, puesto que no se han roto las vías de comunicación. Más bien la pelota está en la cancha de la Conaie. Ellos deben detener ya esta medida de hecho y conversarán cinco minutos después con el presidente Alfredo Palacio'', sostuvo Vega. El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, había asegurado horas antes que dialogaría con los indígenas si deponían la protesta. En Quito, los indígenas amazónicos que se mantienen en la sede de la Universidad Politécnica Salesiana, retuvieron a un camarógrafo de una cadena de televisión local para que grabara sus declaraciones rechazando la acusación del régimen en torno a un posible financiamiento de la medida de fuerza de parte de organizaciones no gubernamentales extranjeras.