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Bolivia: le multinazionali appoggiano il referendum del presidente Mesa

Il presidente della multinazionale petrolifera Repsol YPF, che controlla quasi un terzo del gas e del petrolio prodotto in Bolivia, spera che il referendum sul rispetto dei contratti vigenti tra la compagnai ispanico-argentina ed il governo dia un risultato favorevole
27 maggio 2004
Fonte: Econoticiasbolivia.com

El presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, confia en que el referéndum arrojará un “resultado favorable” para el consorcio petrolero

Bolivia: Las empresas transnacionales respaldan el referéndum de Mesa

La Paz, mayo 26, 2004.- La transnacional petrolera Repsol YPF, que controla casi un tercio de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, dio su respaldo al referéndum convocado para el 18 de julio por el Presidente Carlos Mesa, tras que éste comprometiera oficialmente su decisión de respetar los contratos vigentes entre la compañía hispano argentina y el Estado boliviano.

Según informa la prensa española, el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, confió este martes en Madrid, que el referéndum arrojaría un "resultado favorable" para el consorcio petrolero, que ha vuelto a trabajar para impulsar el proyecto de exportación de gas boliviano a México y Estados Unidos.

"Cortina afirmó que tanto el Gobierno boliviano presidido por Carlos Diego Mesa, como las encuestas de opinión se muestran optimistas sobre el resultado del referéndum, en el que se pronunciarán los ciudadanos sobre el futuro de los recursos gasísticos del país".

"De esta manera, si el resultado de este referéndum es favorable al proyectos de Repsol YPF, la compañía y sus socios en el consorcio Pacific LNG de Bolivia, British Gas y Pan American Energy (formada por BP y Bridas Corporation) podrán llevar a cabo el proyecto de explotación de gas en el campo de Margarita, y la exportación de ese gas licuado hacia Estados Unidos y México, con unas inversiones de 6.000 millones de dólares", señala un despacho de Europa Press.

El Presidente de Bolivia y sus principales colaboradores habían asegurado públicamente que, sea cual fuere el resultado del referéndum, el Estado respetaría en su integridad y sin modificaciones los 78 contratos que se habían firmado bajo la Ley 1689, promulgada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por ello, aunque se anule la Ley 1689 y se decida que el "Estado boliviano recupere la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo", tal como dicen las dos primeras preguntas del referéndum, ninguna de las compañías extranjeras que operan en Bolivia perderán sus privilegios y beneficios, y mucho menos la propiedad sobre 54 trillones de pies cúbicos de gas que poseen actualmente.

SATISFACCIÓN EN PETROLERAS

Este compromiso del gobierno boliviano dejó también satisfechas a otras importantes compañías que operan en Bolivia, según informaron a Econoticias fuentes de la Cámara empresarial de Hidrocarburos.

Otros factores que renovaron la confianza de las transnacionales en el gobierno de Mesa fueron la divulgación de un informe oficial que certifica que las petroleras extranjeras han cumplido sus compromisos de inversión establecidos en sus contratos y, por otra parte, la posesión en el cargo de Ministro de Hidrocarburos del hasta hoy superintendente Guillermo Tórrez, un estrecho colaborador de Sánchez de Lozada en la aplicación de las reformas neoliberales en el sector petrolero.

Ambas acciones garantizarían que no habrán nuevas impugnacionaes a los contratos, por lo menos por parte del Ejecutivo.

La posición positiva de las petroleras ante el referéndum ha posibilitado también que el influyente Comité Cívico de Tarija, en el sur de Bolivia, donde se encuentran los mayores reservorios de gas, respalde la consulta propiciada por Mesa, a la que se oponía inicialmente.

TEMAS PENDIENTES

Según destaca la prensa española especializada en temas bursátiles, Repsol se encuentra a la espera de las decisiones finales que el Gobierno boliviano pudiera adoptar en torno al proyecto, en especial sobre la ubicación del puerto desde el que se exportará el gas, ya sea en Chile o Perú.

Otro tema pendiente es la modificación de los tributos que se impondrían a la producción y exportación de hidrocarburos, lo que se estaría negociando con el gobierno de Mesa. "Hay una modificación de la Ley de Hidrocarburos, y se está negociando un incremento de las cargas impositivas sobre estos productos", dijo el titular de Repsol al referirse al proyecto gubernamental de sustituir un impuesto (Surtax) por otro (Impuesto Complementario), lo que no tendría un impacto significativo en el mediano plazo.

En febrero, ejecutivos de Repsol habían admitido que la nueva legislación tributaria que propugna Mesa no afectaría significativamente sus intereses, porque estaba diseñada para tan sólo que la población más pobre de Sudamérica crea que el Estado está haciendo algo para recaudar más tributos de las transnacionales.

Según destacó en su momento la revista digital española "América económica", los ejecutivos de Repsol están convencidos de que el nuevo Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), que va en reemplazo del Impuesto extraordinario a las utilidades (Surtax), no modificará su aporte tributario para el fisco boliviano.

"En principio, Repsol YPF no tiene miedo. Sus ejecutivos tienen el convencimiento de que la actual presión fiscal que sufre el sector energético es similar a la anunciada ahora por el Gabinete (de Carlos Mesa).

Bolivia mantiene una serie de impuestos cuya suma ronda el 50%, aunque, están en función de la producción", señaló el artículo de la revista española firmada por el periodista Ryan O'Connelly.

Fuentes cercanas a la petrolera habían advertido a "América económica", que el nuevo impuesto y "la subida de impuestos hasta el 50% no afectará a la empresa. Incluso, estos observadores van más lejos e insisten en que la reforma del Gobierno de Mesa es más de forma que de fondo".

"El Gabinete (de Mesa) está obligado a anunciar medidas políticas para que la población crea que el Estado ingresa más dinero, afirman estas fuentes que recuerdan la presión a la que está sometida el Gobierno ante el riesgo de que se viva una nueva revuelta popular como la vivida a finales del pasado año y que supuso la salida del anterior presidente Sánchez de Lozada", agrega la revista especializada.

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