Argentina: la CIDH ha intimato il governo di regolarizzare i titioli di proprietà di 500 mila ettari reclamati dalle comunità indigene
Argentina: intimación de la CIDH por 500 mil hectáreas en Salta
Tierra para los aborígenes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó al Estado argentino a
regularizar, antes de marzo, los títulos de propiedad de dos lotes en los
que habitan más de treinta comunidades originarias, al noreste de Salta. Sus
integrantes piden un certificado de propiedad único, acorde a su concepción
de un solo territorio para la comunidad. El problema es que a los habitantes
ancestrales de la región se suman familias de criollos que llegaron hace
unos cien años al lugar y, hasta ahora, las vastas diferencias culturales
han provocado choques entre las partes. El gobierno salteño propone una
solución basada en el consenso, pero las vías del diálogo seguidas hasta el
momento no han dado frutos. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales,
que patrocina a los indígenas, apuestan a una respuesta favorable, ya que la
normativa internacional prioriza el derecho de lo! s pueblos originarios
sobre el suelo que habitan.
El reclamo fue presentado ante la CIDH en 1998 por la Asociación Civil Lhaka
Honhat, que agrupa a 35 comunidades -entre ellas, la wichi, toba y chorote-.
En 2001, junto a las autoridades salteñas, emprendieron el camino de una
"solución amistosa" sobre los lotes fiscales 55 y 14, que en términos de
números significan 500 mil hectáreas, donde viven alrededor de seis mil
indígenas y seiscientas familias criollas. Según la tradición seguida por
los primeros, el territorio comunitario "es el que ocupan: es único y no
tiene fronteras", sintetizó ante este diario Andrea Pochak, directora
adjunta del CELS. De acuerdo con este principio, los indígenas sostienen que
el papel que acredite la propiedad también debe ser uno.
Esta es una observación que afecta directamente a los criollos del lugar,
porque el cuadro se completa con las costumbres de cada una de las partes:
los indígenas son recolectores de frutas y verduras, con un fuerte consumo
de algarroba, miel, frutos y plantas medicinales. Pero algunos de estos
productos suelen ser alimento para el ganado criado por criollos. Esa
contradicción, según puntualizó Pochak, ilustra "la imposibilidad de
convivir entre dos culturas tan distintas".
La intimación de la Comisión tuvo como antecedente una reunión en la
Cancillería, el viernes 17, entre autoridades provinciales y nacionales,
miembros de las comunidades originarias y de la CIDH. En esa ocasión, los
funcionarios salteños insistieron en la necesidad de buscar el consenso
entre todos los habitantes. Pero desde el CELS apuntan que esa opción ya
demostró ser estéril. Ahora, el Estado argentino tiene plazo hasta marzo
para regularizar la situación. De lo contrario, le seguirá un juicio de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese campo, el reclamo de las comunidades podría llevar ventaja, porque
hay un antecedente de un caso similar de 2001, en el que la Corte se
pronunció a favor de una comunidad originaria de Nicaragua.