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per non dimenticare e non perdonare

Argentina: chi è Carlos Guillermo Suárez Mason

la lunga carriera di un torturatore e assassino , condannato in Italia per l'omicidio di Laura Carlotto, Norberto Morresi, Pedro Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri e Daniel Ciuffo, e per la scomparsa del neonato Guido Carlotto, nato durante la detenzione della madre
22 giugno 2005
Fonte: Argenpress

Nacido en Buenos Aires, el 24de enero de 1924, casado con Angélica Alais. General de División(R), (Alias) 'Sam', 'Pajarito' o 'Cacho', fallecido el 21 de Junio de 2005.

Egresó como subteniente de Caballería en 1944, promoción 73 del Colegio Militar de la Nación, compañero de promoción del ex dictador de Bolivia y ex presidente constitucional de ese país Hugo Banzer, ya fallecido.

Destituido y dado de baja el 30 de abril de 1984.

En 1951 participó de un frustrado golpe de Estado, conducido por el general Benjamín Menéndez, contra el gobierno constitucional de Juan D. Perón; como consecuencia tuvo que refugiarse en el Uruguay, donde comenzó su amistad con el ex intendente porteño durante el terrorismo de Estado, brigadier Osvaldo Cacciatore y decidió su afiliación al radicalismo.

Fue dado de baja y luego reincorporado por la autodenominada 'Revolución Libertadora' en 1956.

Se desempeñó como agregado militar en Ecuador entre 1969 y 1971; de regreso en Buenos Aires, fue ascendido a general de brigada por el entonces presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse.

A principios de 1974 el ministro de Bienestar Social de la época, José López Rega, impidió que el presidente Perón dispusiera su retiro y lo ubicó como Jefe II de Inteligencia, puesto desde el cual se especializó en contrainsurgencia y luego en doctrina de la seguridad nacional. De allí pasó a ocupar la titularidad del Comando de Remonta y Veterinaria; luego fue segundo comandante de Institutos Militares.

En marzo de 1975 fue designado al frente del V Cuerpo de ejército con asiento en Bahía Blanca.

El 24 de marzo de 1976 lo encontró al frente del Primer Cuerpo de ejército, puesto desde el que se preparó para sustituir a Videla, apoyado desde el tercer cuerpo por el general Luciano Benjamín Menéndez, sobrino de su primer jefe golpista. En 1978 ascendió a la jefatura del Estado Mayor general del ejército y al año siguiente, luego del fracasado el cuartelazo de Menéndez en Córdoba, pasó a retiro; entre enero de 1976 y enero de 1979 se convirtió en el dueño de la vida y de la muerte de los secuestrados en los más de 35 campos de concentración distribuidos en esta jurisdicción militar. Fue superior inmediato del gral. Ramón J. Camps. Visitó todos los campos: Elena Alfaro lo vio en El Vesubio; el ex-gendarme Omar Torres en El Olimpo; otros prisioneros en El Banco y en el Club Atlético.

En junio de 1978, durante el Mundial de Fútbol, realizó pingües negocios con Ciccone Calcográfica.

En 1980 presidió el Congreso Anticomunista Latinoamericano que deliberó en Buenos Aires, financiado por la Secta Moon.

En 1981 asumió la presidencia de YPF hasta 1982, lapso en el que produjo un desfalco de la petrolera estatal, calculado en 6.000.000.000 de dólares. Ese puesto lo vinculó estrechamente a los llamados 'capitanes de la industria', grupo de empresarios enriquecidos a partir de la gestión de Alfredo Martínez de Hoz. Durante los años ochenta, también controló Escorpio, una agencia de seguridad privada que integraba Eduardo Eklund y dirigía su cuñado, el comisario retirado Felix Alejandro Alais.

En abril de 1982, un día después del desembarco en Malvinas, creó SMC exportadora e importadora de 'café y frutos del país' y cuyas iniciales responden a los apellidos de dos de sus accionistas: Suárez Mason y Ramón Camps; de SMC participaban el escribano Wenceslao Bunge -años después vocero del controvertido empresario Alfredo Yabrán- y Víctor Alderete -cuestionado interventor del Pami durante el menemismo-.

A principios de 1984 y a raíz de haber sido citado judicialmente en la causa sobre la desaparición del técnico agrario Alfredo Giorgi, Suarez Mason se fugó del país, y se instaló cómodamente en Estados Unidos; después se supo que tanto él como su esposa, viajaron con pasaportes falsos; en abril de ese año, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín lo dio de baja.

En 1987 fue detenido por INTERPOL y extraditado en 1988. El entonces presidente Carlos Menem lo indultó en 1990, justo antes del juicio; en 2000, la justicia italiana lo condenó a perpetua en ausencia -como Francia a Astiz- y la justicia alemana pide su extradición desde el 2001

En octubre de 1985 en virtud de un intento de desestabilización, el Poder Ejecutivo Nacional decretó el estado de sitio y ordenó su detención junto a la de los coroneles Oscar Pascual Guerrieri, Alejandro Agustín Arias Duval y otros oficiales, acusándolos de favorecer la perturbación pública; en ese mismo mes, el gobierno pidió su extradición a Estados Unidos por privación ilegal de la libertad, vejación y apremios ilegales.

En enero de 1987, tres agentes federales lo detuvieron en un departamento que alquilaba en la pequeña localidad de Foster City, 30 kilómetros al sur de San Francisco.

El 9 de mayo de 1988 fue extraditado de los Estados Unidos, quedando a disposición de la justicia federal, acusado de 39 homicidios, 430 privaciones ilegales de la libertad, 164 tormentos y 19 robos; en los fundamentos del pedido de extradición, la Cámara Federal lo acusa de ser responsable ideológico de 43 homicidios, entre ellos los de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los de los dirigentes peronistas Bernardo Alberte y Dardo Cabo.

Se lo acusó en 170 de las 300 causas que conformaron el expediente 450 del primer cuerpo de ejército; entre las más conocidas pueden citarse las privaciones ilegales de la libertad de Juan Antonio Portesi, ex ministro de gobierno bonaerense; Marcelo Chavanne y otros financistas; el secuestro y desaparición de 136 ciudadanos uruguayos; la represión ilegal llevada a cabo en el Hospital Posadas.

Indultado por el presidente Menem, mediante decreto 2746 del 30/12/90

En mayo de 1997 la Cámara Federal lo sobreseyó en la causa que le inició la DAIA por violación a la ley antidiscriminatoria.

Acusado en Honduras, Alemania Italia y España por delitos de lesa humanidad.

En enero de 1999, a raíz de su trayectoria represiva y de su inocultable ideología nazi, fue expulsado del club de fútbol Argentinos Juniors, del que era 'socio honorario' con el número 322.082.

En noviembre de 1999 el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, lo incluyó en el listado de 98 represores procesados por terrorismo y genocidio; el 30 de diciembre de ese año, el magistrado lo insertó en el listado de 48 represores con auto de procesamiento, prisión y ratificación de prisión y orden internacional de detención.

En julio de 2000, la Sala Uno de la Cámara Federal confirmó su procesamiento por robo de bebés (en ocho casos), junto al de los represores Rubén Franco, Héctor Febres, Cristino Nicolaides, Antonio Vañek, Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge 'Tigre' Acosta, Reynaldo Bignone y Eduardo Massera y dispuso que continúe detenido -siete de ellos (incluido él) con arresto domiciliario por razones de edad-, a la espera de juicio oral.
- Vinculado al caso de los franceses desaparecidos en la Argentina.
- Condenado en marzo de 2001, por el Segundo Tribunal Penal de Roma a cadena perpetua (más confinamiento solitario durante tres años y prohibición perpetua de desempeño de cargo público además del resarcimiento de daños por 200 millones de liras por víctima) junto a Santiago Omar Riveros, por el secuestro y desaparición en la Argentina de ocho italianos; a los oficiales Julio Roberto Rosín, Juan Carlos Girardi, Omar Héctor Maldonado, José Luis Porchetto y Alejandro Puertas, se los condenó, por el mismo delito, a 24 años de cárcel.
- Intimado, también en marzo de 2001, junto a Bignone y Santiago Riveros, a cumplir un embargo oportunamente dispuesto por el juez Bagnasco, diligencia similar a la realizada por el Tigre Acosta y por Héctor Febres, todos ellos procesados en set/99 por sustracción, retención y ocultamiento de menores.
- Imputado en Roma, junto a Videla y Massera en una causa sobre Operativo Cóndor; recordar que 'Pajarito' y Riveros ya fueron juzgados y condenados en Roma.
- Investigado en La Plata por el juez Arnaldo Coraza, en la causa por apropiación de Carmen Sanz, en la que no declaró en abril de 2001, por defecto procesal.
- En los primeros días de noviembre de 2001, Alemania pidió su extradición por el homicidio de Elisabet Kasseman, asesinada de varios tiros en la espalda en Monte Grande, el 24/5/77, junto a otros 15 desaparecidos, después de haber estado en El Vesubio; el 18 de ese mes, el gobierno rechazó el pedido de extradición; previamente, el propio Suárez Mason había rechazado esa solicitud
- En agosto de 2002 y pese a haberse proclamado inocente, quedó detenido por orden del juez federal Claudio Bonadío, por su responsabilidad - junto al ya fallecido Leopoldo Galtieri, Francisco Javier Molina, José Ramón Pereiro, Arturo Enrique Pellejero, Hermes Oscar Rodríguez, Cristino Nicolaides, Luciano Jauregui, Carlos Tepedino y Antonio Simón, entre otros integrantes del batallón de Inteligencia 601-, en el secuestro, torturas y homicidio de militantes Montoneros que habían regresado al país entre 1978 y 1980, en el marco de la denominada 'contraofensiva'. En esta causa, quedó procesado a enero de 2003.

En setiembre de 2002, denunciado junto a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Graffigna, Albano Harguindeguy, José Montes y Edmundo Ojeda, ante el juez federal Juan José Galeano, por la desaparición de seis jóvenes estudiantes secuestrados el 12/5/79 en un departamento de la calle Ecuador, en la ciudad de Buenos Aires, las víctimas son: Jorge Sznaider, Carlos Pérez, Mirta Silber de Pérez, Hugo Malozowski, Noemi Beitone y Jorge Pérez Brancatto, todos secuestrados el 12 de mayo de 1979 en un departamento de la calle Ecuador, en la Capital Federal, donde estaban estudiando:

En 2003, condenado a tres años y medio de prisión por apología del crimen y discriminación racial, insistió en que cultiva 'amigos judíos' a muchos de los cuales -dijo- ayudó a evitar durante la dictadura, un triste final, incluyó entre éstos a un hijo de Marcos Zucker, actualmente desaparecido, sostuvo además que el gobierno videlista debió haber legalizado la tortura.

Incluido en julio del 2003, por el juez español Baltasar Garzón en el pedido de detención contra 46 represores argentinos procesados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas junto con Emilio Eduardo Massera, Omar Domingo Rubens Graffigna, Armando Lambruschini Dellavalle, Jorge Isaac Anaya, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Jorge Olivera Rovere, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Adolfo Jáuregui, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Luciano Benjamín Menéndez, José Antonio Vaquero, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Raúl Vildoza Ostini, Luis María Mendía, Roque Enrique Perrén Fernández, Rubén Oscar Franco, Alfredo Astiz, Antonio Pernías Basterreix, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Octavio Capdevila, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber, Héctor Antonio Febres Méndez, Juan Antonio Azic, Juan Orlando Rolón, Luis Santiago Martella, Fernando Humberto Santiago, Jorge Alberto Maradona Jofre, Alberto Luis Cattaneo, Eugenio Antonio Barrozo o Barroso, Albino Marino, Alberto Zimmerman Theler, Antonio Arrechea Andrade, Mario Arturo Xcafarena Sese, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Roberto Heriberto Albornoz, Augusto Leonardo Neme, Héctor Mario Schwab, Arturo Félix González Naya, Carlos Eduardo Daviou, Carlo José Pazo, Gonzalo Dalma Torres de Tolosa (abogado, único civil en la lista), nómina en la que figuran Leopoldo Galtieri y el marino Francis William Whamond, pero fueron dados de baja por fallecimiento:

En julio de 2003 la Coordinadora contra la Impunidad de Alemania pidió a la justicia su arresto, junto al de Pedro Durán Sáenz y de Juan Bautista Sasiaiñ imputados por la desaparición de Elizabeth Kesemann

Junto a Jorge Rafael Videla, Jorge Eduardo Acosta y Emilio Massera continuarán con arresto domiciliario, puesto que están imputados por el delito de robo de bebes en otra causa; de manera que ellos no saldrán en libertad, pese a que integran el listado de represores detenidos por orden del juez Garzón para fines de extradición y aunque no lleguen a tiempo los pedidos formales de extradición, que debe enviar el mandatario español antes del lunes 1de setiembre del 2003.

En enero 2004 volvió a la cárcel, tras haber violado la prisión domiciliaria -con la que había sido beneficiado por cuestiones de edad- al salir acompañado por el embajador ecuatoriano a festejar su cumpleaños invitado por sus amigos del club de fútbol Argentinos Juniors, cuya hinchada hizo saber a viva voz este último domingo su enfático repudio al represor.

El gobierno alemán pedirá su extradición, junto a las de Videla y Massera, a quienes se acusa de haber inducido al asesinato de los alemanes Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank; en enero/04 la orden de detención de Nuremberg se presentó a la justicia argentina, el gobierno alemán contaba con 40 días para pedir la extradición, plazo que vence el próximo 6/3, el gobierno alemán ya había demandado la extradición de Suárez Mason y otros dos militares en 2001, actualmente Suárez Mason se encuentra en prisión

En marzo del 2004 integra junto a Jorge Olivera Rovere y a Juan Bautista Sasiaiñ la lista de represores a los que el juez federal Canicoba Corral dictó la inconstitucionalidad de los indultos con los que los benefició el menemismo, en el marco de la causa del primer cuerpo, Suárez Mason ya está detenido por robo de bebés, en la lista figuran también Andrés Ferrero, José Montes y Adolfo Sigwald, ya fallecidos.

En abril del 2004, la Corte de Casación italiana -tercera instancia judicial- ratificó la condena a cadena perpetua de Pajarito, al considerarlo responsable del secuestro y asesinato de ciudadanos italianos durante la última dictadura, esta confirmación de sentencia también alcanzó a Santiago Omar Riveros, condenado a cadena perpetua, y a cinco ex miembros de la prefectura naval: Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Maldonado y Roberto Julio Rossin, cada uno con penas de 24 años de reclusión, todas las condenas hoy nuevamente ratificadas fueron establecidas el 6 de diciembre de 2000 por la II Corte de Roma y confirmadas el 17 de marzo de 2003 por la I Corte de Apelación de la capital italiana ; Suárez Mason, luego de un prolongado proceso iniciado en 1983, fue condenado por los asesinatos de Laura Carlotto, Norberto Morresi, Pedro Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri y Daniel Ciuffo, y por la desaparición del bebé Guido Carlotto, nacido durante el cautiverio de su madre, los restantes militares la pena les fue impuesta por el asesinato de Martino Mastinu y Mario Marras

En junio del 2004 Se negó a ampliar su declaración indagatoria en la megacausa en la que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en el ámbito del primer cuerpo de ejército; El represor fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py 2002 desde el penal de Marcos Paz, donde está alojado luego de que se le revocara la prisión domiciliaria, y permaneció en la Alcaidía hasta que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo hizo conducir a su despacho; frente al magistrado, Suárez Mason hizo uso de sus derechos constitucionales y se negó a contestar las preguntas, tras lo cual fue remitido nuevamente a la cárcel, donde permanece detenido; era intención del magistrado indagar al destituido general por alrededor de 250 hechos nuevos, los mismos por los que días atrás dispuso la detención de los generales Rodolfo Wehner, Teófilo Saa y Julián Capanegra, y los coroneles Humberto Lovaiza y Bernardo Menéndez; El 23 de marzo último, Suárez Mason fue notificado de la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo había beneficiado, por lo que su situación se retrotrajo al momento previo al perdón presidencial dictado por Carlos Menem, cuando fue procesado por 38 homicidios.

En julio del 2004 SUAREZ MASON, GUILLERMO, Juan Bautista Sasiaiñ, Reynaldo Bignone y Oscar Franco: La Cámara Federal integrada por los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani confirmó la ampliación de los procesamientos con prisión preventiva de estos represores, según una resolución de 28 carillas en el marco de la causa por robo de bebés y 'urgió' al juez federal Jorge Urso, para que envíe a juicio oral a todos aquellos detenidos que estén en condiciones de ir a proceso, ante el tiempo de detención preventiva que llevan muchos de ellos, en algunos casos más de cinco años; a todos ellos se les sumaron 13 casos de secuestro de bebés en la dictadura y elevó sus embargos de un millón a un millón y medio de pesos, para cada uno; por otra parte, benefició a todos con falta de mérito en dos casos, los que investigan el paradero de los hijos nacidos en cautiverio de dos secuestradas en 1977, María Teresa Trotta y Lucía Tartaglia; para la Cámara no hay pruebas suficientes para aseverar que ambos bebés hayan nacido vivos pese a que en el caso de Trotta, testimonios indican que guardias del centro clandestino de detención 'El Vesubio', donde estuvo la mujer, pidieron a otras presas que hicieran ropa para el bebé con pedazos de tela; en cuanto al último pte de la dictadura, Bignone, y al integrante de la última junta militar, Franco, la Cámara entendió que si bien los hechos ocurrieron antes de su llegada a esos cargos, son responsables porque garantizaron 'impunidad' con la sanción de la ley 22924, que se conoció como de autoamnistía; además, esa junta militar fue la que ordenó destruir documentación de la represión ilegal, recordaron los camaristas.

También en julio del 2004 SUAREZ MASON, GUILLERMO, la justicia alemana suspendió parte de las investigaciones abiertas en su contra y en la de otros altos jerarcas de la última dictadura -entre ellos el almirante Emilio Massera y el ex general Jorge Rafael Videla-, en relación a la desaparición y asesinato de ciudadanos alemanes durante ese gobierno de facto en Argentina, aunque mantuvo el pedido de extradicción que pesa sobre ellos; la decisión se debe a que 'la fiscalía de Nüremberg-Fuerth consideró que seis de las víctimas de procedencia judía incluidas en el sumario no entran dentro de la jurisdicción de los tribunales alemanes al no tener la nacionalidad del país', según indicó el vocero de la fiscalía, Bernhard Wankel, a la agencia de noticias alemana DPA; sin embargo, la Justicia germana decidió mantener la orden de extradición contra Videla y otros cuatro militares por su presunta relación con el asesinato en Argentina de los alemanes Elisabeth Kaesemann y Klaus Zieschank, ocurridos durante la dictadura que rigió en la Argentina entre 1976 y 1983; el pasado 3 de marzo, Alemania había pedido formalmente al gobierno argentino la extradición de los tres represores para que pedieran ser procesados ante los tribunales de ese país por violación a los derechos humanos; con esta presentación ante la cancillería argentina, Alemania se convirtió en el primer país europeo que pidió la extradición de los represores, luego de que un pedido similar del juez español Baltasar Garzón fuera rechazado en el 2003 por el gobierno español, que finalmente no lo envió a la Argentina; la respuesta del gobierno argentino ante la solicitud de la Justicia alemana fue negativa ante la posibilidad de que los tres militares sean juzgados en Argentina, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final; Por otra parte, iene fecha de indagatoria en el marco de la causa sobre Plan Cóndor, que lleva adelante el juez federal Jorge Urso.

En agosto del 2004, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral amplió su procesamiento con prisión preventiva por 254 casos de violación a los derechos humanos en jurisdicción del primer cuerpo de ejército, durante la última dictadura, la medida incluyó un embargo de diez millones de pesos sobre los bienes de Suárez Mason, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz desde que se le revocara la prisión domiciliaria concedida por razones de edad, el 23 de marzo último, cuando fue procesado por 38 homicidios, Pajarito fue notificado de la declaración de inconstitucionalidad del indulto que lo había beneficiado, por lo que su situación volvió a ser la misma que tenía previo al perdón presidencial decretado por Carlos Menem

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