Latina

Colombia; nello Stato di Pereira è in atto un'inziativa esemplare per un paese che lotta contro la violenza

un piccolo esempio di dignità e responsabilità politica che ,a poco a poco, scende nell'attiva società civile colombiana
20 gennaio 2006
Juan Carlos Galindo
Fonte: Infosolidaria
http://www.infosolidaria.org


El estado colombiano de Pereira es una gota en el mar de violencia que asola el país. También, un pequeño ejemplo de dignidad y responsabilidad política que, poco a poco, cala en la activa sociedad civil colombiana.

La cifra es de 2004, pero no por ello deja de ser impactante: el índice de muertes por homicidio en Colombia durante ese año fue de 48 por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo. Baste con decir que, en la Unión Europea, el índice es de poco más de una muerte por cada mil habitantes. Un dato de 2005 termina de completar el panorama: a pesar de la mejora, 17.700 personas murieron violentamente en Colombia, según la Policía Nacional del país.

Si se estudian esos mismos datos aplicados a la infancia, el resultado es aterrador, desesperanzador, ilustrativo de la situación de un país que lucha por sobreponerse a décadas de violencia y que ve cómo los factores y actores responsables de esa situación se multiplican. Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, el año pasado murieron violentamente 900 menores de 18 años, la mitad de ellos por arma de fuego, en la mayoría de casos por “balas perdidas” resultado de los enfrentamientos que bandas criminales, narcos y, en ocasiones, las propias guerrillas protagonizan en las calles de las ciudades colombianas. Un ejemplo: sólo en Cali 108 niños murieron por este motivo el pasado año.

Pereira, aún peor

Ante este panorama, resulta complicado imaginar que la situación pueda empeorar. Pero así es. El estado de Pereira, situado al suroeste del país, registra peores índices. Allí, el porcentaje de muertos por cada 100.000 habitantes asciende a 91 y la cifra de menores muertos por arma de fuego es la más alta del país. La mayor parte de los muertos de manera violenta han perecido a manos de particulares, en enfrentamientos entre bandas, en ajustes de cuentas.

Dada la situación, las autoridades regionales han reaccionado con la convocatoria de un referéndum para el próximo 24 de febrero. La consulta se basa en una pregunta aún por determinar acerca de la conveniencia o no de limitar el número y el tipo de licencias para que los particulares porten armas de fuego. Como afirmó ante los micrófonos de la BBC el portavoz del gobierno de Pereira, Julio Cesar Gómez, “los ciudadanos en Colombia y en el mundo han desarrollado el paradigma de que las armas son seguridad (…). Lo que queremos es llamar la atención a la opinión pública respecto a que los ciudadanos del común no están preparados para portar armas”.

El propio presidente del país, Álvaro Uribe, visitó el pasado año la ciudad para interesarse por los proyectos para mejorar la situación, más dramática aún si consideramos que las muertes no son provocadas, en su inmensa mayoría, por los grupos armados (FARC y ELN) que se enfrentan al gobierno. Es más, en un momento en el que parece que los esfuerzos por abrir un camino a la paz consiguen ciertos frutos (desmilitarización masiva de paramilitares y conversaciones entre el ELN y el gobierno) las muertes ocasionadas por “particulares” ajenos a este conflicto son aún más graves. En efecto, las autoridades de Pereira aseguran que más de la mitad de los crímenes están relacionados con bandas criminales y un 40 por ciento de ellos con el narcotráfico, ese viejo mal del país que vio nacer al cártel de Cali, organización que llegó a controlar el 80 por ciento del tráfico de cocaína en el mundo.

Plan Desarme

El reto es, por tanto, inmenso. La iniciativa de Pereira sigue a las ya iniciadas en otros lugares. Según el diario colombiano El Tiempo, Medellín tiene el ‘Plan Desarme’, un programa pedagógico dirigido a los jóvenes que busca disminuir el porte y la tenencia de armas en varias comunas y municipios del Valle de Aburrá. En Bogotá se adelantan campañas de desarme bajo la dirección del padre Alirio López, cuya consagración a este empeño ha permitido recoger miles de armas.

En un país donde el 80 por ciento de las muertes violentas son causadas por arma de fuego, todos estos ejemplos de responsabilidad política, todas las iniciativas que no den la espalda a la realidad son dignas de mención. Queda por ver qué ocurre el próximo 24 de febrero y esperar a que el ejemplo se extienda.

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