Latina

Argentina: bilancio del rispetto dei diritti umani a 28 anni dal golpe militare

Il Coordinamento contro la repressione politica ed Istituzionale (CORREPI) analizza i seguenti temi: torture nella zona La Rioja; la base USA nella Terra del Fuoco; incostituzionalita' degli indulti; persecuzione fisica ai piqueteros
23 marzo 2004
Argenpress

Derechos Humanos en Argentina


La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se refiere a los siguientes temas: Torturas en La Rioja; Base yanqui en Tierra del Fuego; Inconstitucionalidad de los indultos; Persecución fiscal a piqueteros

Torturas en La Rioja

Los presos de cualquier lugar del mundo casi siempre se quieren fugar. Es lógica la aspiración a recuperar la libertad. Pero los de la de la Comisaría 3ª de La Rioja tenían otra aspiración, simplemente que no los torturaran más. Así fue que tres lograron escapar y se refugiaron en la casa de una trabajadora social que los protegió. Luego se entregaron en presencia de la prensa, a la que denunciaron que huyeron porque no soportaban más los tormentos que les aplicaban sistemáticamente los policías del menemista gobernador Ángel Maza. Eso sí, con 'fines institucionales', ya que los suplicios tenían como objetivo interrogar a los presos y así decir que 'esclarecen' supuestos hechos delictivos.

Revisados por los peritos judiciales los tres jóvenes presentaban golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo. Parece que es la única resolución judicial que se tomó hasta el momento. Los policías todavía no han sido citados para indagarlos, aunque, por el escándalo, a las autoridades provinciales no les quedó otra que separarlos del cargo.

Base yanqui en Tierra del Fuego

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego Carlos Manfredotti dictó el decreto 1369/01 por el cual la provincia cedía tierras en la ciudad de Tolhuin para la instalación de una base norteamericana con la excusa de 'estudios nucleares con fines pacíficos'.

Según la letra del decreto esta base formaría parte del Sistema Internacional de Vigilancia para la 'Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares', cuando en realidad este proyecto impulsado por la embajada yanqui tiene que ver con un nuevo paso hacia una nueva carrera armamentista.

Bases de este tipo (y con la misma excusa) se han ido instalando bases en varios países latinoamericanos, como en Ecuador, Antillas Holandesas y pronto en El Salvador que junto a la del sur continental tienden a la construcción del famoso escudo misilístico impulsado desde la época de Reagan. Todas ellas tienden además a extender la militarización de toda Latinoamérica.

Diferentes sectores populares de la provincia han comenzado a organizarse para impedir esta nueva limitación a nuestra soberanía nacional y para contrarrestar el delirio bélico del imperialismo. Desde CORREPI, junto a los fueguinos, exigimos la derogación del decreto cipayo.

Inconstitucionalidad de los indultos

Que ruede por tierra la vigencia de los indultos nefastos del menemismo ha sido una de las grandes aspiraciones del campo popular. Que los asesinos de la dictadura sean juzgados y castigados por el genocidio parece ser que está próximo.

Esta semana el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la inconstitucionalidad de los indultos en la causa del Primer Cuerpo de Ejército. Con ello, pudo ordenar la detención del represor Olivera Rovere. Jurídicamente el fallo se sustenta en que al momento de su dictado, los milicos eran procesados y únicamente se pueden indultar condenados con sentencia firme; por otro lado, que de acuerdo a los tratados internacionales de DDHH, los delitos cometidos son de lesa humanidad y por tanto no pueden ser perdonados.

Saludamos fervorosamente esta decisión que reivindicamos como un logro de los sectores populares que durante décadas luchamos contra la impunidad. Lo que debemos advertir es no caer en la tentación de ensalzar la figura del magistrado (como otra veces se hizo con otros como Guillermo Cavallo). Es de recordar que Canicoba Corral fue un juez designado durante el menemato y como tal sospechado de ser de la servilleta, y fue el mismo que mandó a la cárcel a los compañeros Bertola y Quintero. Canicoba hizo lo que tenía que hacer, en un momento político propicio.

Persecución fiscal a los piqueteros

La campaña 'péguele al piquetero' siempre tuvo en el ministerio público platense una avanzada. Algunos exponentes son los fiscalillos Marcelo Romero y Leandro Heredia, ambos de exigua trayectoria pero mucha cámara televisiva. Y claramente muy apegados (por conveniencia e ideología) a los dictados de la derecha. Y sobre todo a lo que digan los Duhalde.

Romero es un perseguidor profesional de los piqueteros. Le encanta denunciarlos. No se sabe de tanta enjundia contra policías violadores a los derechos humanos o corruptos, pero Romero ya lleva 10 denuncias contra diversas organizaciones por protestar.

En esta semana mandó identificar a varios dirigentes con la excusa de ser autores de los delitos de interrupción del tránsito (el famoso art. 194) e intimidación pública. Este último siguiendo la doctrina Chiche (González de Duhalde) ya que 'una persona con la cara tapada y con un palo es un delincuente', intimida a los ciudadanos honestos como ella y su marido.

Es así que con el testimonio de un vecino y un informe de la bonaerense, el fiscal Heredia identificó a 20 dirigentes piqueteros que participaron en los cortes en La Plata. Como decíamos Heredia es el otro del 'Duo dinámico'. Fue el que encanó a más de 50 compañeros del Movimiento Teresa Rodríguez en agosto del 2001. Estaba chocho porque le habían prometido salir en la revista Gente.

Para Romero, impulsor de esta nueva causa que lleva Heredia, la ciudad platense fue sitiada por los piqueteros que, 'bajo la apariencia de una protesta popular' exhibían 'palos, caños y la cara cubierta' (vieron, piensa igual que Chiche). Ayer, el jefe de la Departamental de Policía platense, comisario Eduardo Fraga, entregó el listado con los nombres, la agrupación a la que pertenecen los manifestantes y el lugar de residencia. Heredia dijo a la prensa que incorporará nuevas pruebas y, llegado el caso, solicitará al juez de Garantías, Guillermo Atencio, el procesamiento y la eventual detención de los responsables. Como quieren los políticos, bah.

Pero además los muchachos de las fiscalías van más allá. Y esta vez, por primera vez, denunciaron a la policía por su 'irritante inacción' frente a tanto y despreciable negro que además es rojo. Según el pensador Romero, 'la policía no actúa por orden política: tiende a tolerar, tolerar, tolerar... Lo de ayer (por el corte de ruta) fue irritante'. Y cerró el intolerante Romero amenazando al Ministerio de Seguridad en denunciarlos también por tanta actitud inactiva. Y después niegan que criminalicen la protesta...

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