Peru: la dignita' pro capite

Perú: Dignidad per cápita Las estadísticas sirven a menudo de escaparate de un país. Y a ellas se acude cuando se pretende obtener una rápida radiografía de su situación social, política y económica. Las de Perú indican, por un lado, que la mitad de su población vive en condiciones de pobreza y una cuarta parte en la indigencia; mientras que, por el otro, dicen que Perú es el segundo país pesquero después de China, que tiene una pujante actividad minera, posee un destacable atractivo turístico, y se encuentra entre los 12 países que concentran el 70% de la biodiversidad del planeta. Este contraste entre la riqueza que atesora el país y las privaciones que sufren más de la mitad de los 26 millones de peruanos no tiene nada de nuevo, ni de excepcional en el contexto de los países del Sur, pero sigue induciendo al error. El que hoy todavía muchos piensen, como hiciera el italiano Antonio Raymondi hace más de un siglo, que Perú es un país de "mendigos sentados en un banco de oro". Sin embargo, un acercamiento a la realidad de los más desfavorecidos en Perú, o en cualquier otro país en desarrollo, ofrece una imagen muy alejada de la del pedigüeño. Hay muchos Perús, como hay otros tantos, Bolivias o Ecuadores, por citar sólo algunos ejemplos. Y en todos ellos, abundan los lugares donde a nadie se le ocurre sentarse a esperar a que el Estado solucione sus problemas, porque éste, simplemente, no existe. Allí la gente, lejos de resignarse a asumir su trágico destino, no ha tenido más remedio que ingeniárselas para salir adelante. Lo ha hecho a menudo, además, añadiendo a sus propias dificultades las derivadas de un supuesto progreso, que les ha ignorado sistemáticamente. La historia de Perú está repleta de ejemplos exitosos de iniciativa ciudadana. En los arenales inhóspitos que rodean Lima, el éxodo rural levantó "pueblos nuevos" como Villa El Salvador que, con todos sus problemas, hoy disfruta, gracias a la solidaridad comunitaria y a la autogestión, de infraestructuras básicas de luz, agua y alcantarillado. De igual forma, en el campo, la creación de las Rondas Campesinas (patrullas de seguridad ciudadana), también con todas sus limitaciones, ha servido para combatir el crimen, allí donde el Estado no lo hace, además de haber actuado en muchas áreas como freno al avance del terrorismo de Sendero Luminoso. En cierto modo, el auge de la economía informal es una muestra más de esa capacidad popular para sobreponerse a las adversidades. Perú, como Bolivia o Ecuador, y aquí nuevamente cabrían muchos más, puede presumir de ser una democracia que formalmente concede los mismos derechos a todos sus ciudadanos; puede luego, sin que le falte parte de razón, esgrimir la falta de medios para explicar su incapacidad para garantizarlos; y puede, y debe, y habría mucho que decir en este sentido, reprochar a los países más poderosos, no ya sólo la falta de respaldo (más allá del retórico), sino la permanencia de trabas (llámese proteccionismo comercial, subsidios agrarios, deuda externa,...) que impiden hacerlos efectivos. Pero los países del Sur corren el riesgo de caer en el mismo cinismo e hipocresía que achacan a sus homólogos del Norte, si no empiezan ellos mismos a apostar por su propia gente. Y es que, por encima de tesoros minerales u otros recursos naturales, las personas son su capital más preciado y su inversión más rentable. No es fácil verlo así, cuando los números hablan de millones de iletrados, desnutridos e indigentes. Pero lo que sucede es que faltan indicadores; que esas cifras que cuantifican las penurias de las gentes son incapaces de hacer lo mismo con la riqueza más común que éstas poseen: la dignidad. Las estadísticas de Perú, Bolivia, Ecuador y de otros tantos países, sólo muestran una parte. Omiten que estos países, más allá de sus graves carencias, pueden hacer gala de un elevado índice de Dignidad per cápita, y que su Producto de Dignidad Bruto, les haría valedores de un puesto destacado en el ranking de potencias mundiales.