Argentina: il giudice Montenegro chiede l'estradizione dall' Uruguay di sette militari coinvolti in un caso di sequestro ed assassinio nel 1976

El juez federal Guillermo Montenegro solicitó a la Justicia de la República Oriental del Uruguay la extradición de siete militares uruguayos vinculados al secuestro y desaparición de María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, para los que también pidió su captura internacional. La mayoría de ellos están vinculados a la causa abierta en la Argentina por el Plan Cóndor, el operativo conjunto con el que las dictaduras sudamericanas participaban en la detención y secuestro de personas de distintas nacionalidades. María Claudia estaba embarazada cuando fue secuestrada en Buenos Aires en agosto del ’76 y trasladada al Uruguay, donde dio a luz a una nena que fue entregada en adopción y que recién en 2004 recuperó su identidad. Montenegro fundó su pedido en el Tratado de Extradición suscripto con Uruguay en septiembre de 1996.

El magistrado solicitó la extradición de José Ricardo Arab Fernández; José Nino Gavazzo Pereira; Ricardo José Medina Blanco; Ernesto Avelino Rama o Ramas Pereira; Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez Bisio. Todos ex oficiales del ejército uruguayo. El escrito judicial también incluye entre los extraditables a Julio Vadora, el ya fallecido (en 2005) ex comandante en jefe del Ejército de Uruguay durante la dictadura militar en ese país, aunque requiere una copia del certificado de defunción de otro de los implicados en la causa por el secuestro de Irureta Goyena: el policía uruguayo Hugo Campos Hermida.

La solicitud judicial, firmada el 26 de abril por el titular del Juzgado Federal 7, fue remitida a la Cancillería para que tramite el exhorto internacional ante el Juzgado Federal de turno en Montevideo y al gobierno uruguayo. Montenegro investiga la causa “Videla, Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal” –en la cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúa como querellante– y basó el pedido por el secuestro y desaparición de Irureta Goyena “de conformidad con las previsiones contenidas en el Tratado de Extradición suscripto con la República Oriental del Uruguay el 20 de septiembre de 1996, en el marco de las previsiones contenidas en el Protocolo de Asistencia Judicial Mutua en Asuntos Penales”, del que también participó la República Federativa del Brasil y aprobado por ley 25.304.

Pero el juez también ordenó a Interpol la captura internacional de Arab Fernández, Medina Blanco, Rama o Ramas Pereira y Vázquez Bisio. Además de reiterar los oficios en los que el juez Rodolfo Canicoba Corral había pedido la detención –a mediados de 2001– de Gavazzo Pereira, Silveira Quesada y Vadora, por su participación en el denominado Plan Cóndor, aunque en ese momento el gobierno uruguayo negó la extradición de los represores implicados.

Los militares uruguayos fueron favorecidos en 1986 por la llamada Ley de Caducidad, que eximió a militares y policías que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos por motivos políticos o en cumplimiento de órdenes antes del primero de marzo del ’85. Aunque la colaboración que ejercieron las distintas dictaduras del Cono Sur durante la década del ’70 los expone ahora a la solicitud de la Justicia argentina. Sin embargo, Vadora –fundador de la logia Tenientes de Artigas que impulsó el golpe militar del ’73, que ejerció la comandancia del ejército entre 1974 y 1978 y uno de los mentores del Plan Cóndor– sorteó con su muerte tener que comparecer ante la Justicia internacional por crímenes de lesa humanidad.