Cile: Garzon amplia le accuse a Pinochet includendo i crimini di natura finanziaria
España/Chile.- Garzón amplía la querella contra Pinochet con los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero Declara la responsabilidad civil subsidiaria del Banco norteamericano Riggs por 10.266.000 dólares El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy ampliar la querella de las acusaciones popular y particular en el proceso que se sigue en su juzgado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Así, a los delitos de genocidio, terrorismo y torturas por los que es perseguido, se les une ahora los de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero por realizar operaciones para eludir el embargo decretado por Garzón, valiéndose presuntamente para ello del Banco Riggs, de Estados Unidos. En un auto notificado hoy a las partes, el juez Garzón señala que "aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades" entre responsables del Banco Riggs, de Estados Unidos, el propio Pinochet, su esposa, Lucía Hiriart, y el asesor Fernando Baqueiro. Dicho acuerdo "determinó la distracción" de "una importante cantidad de dinero (8 millones de dólares USA) de su destino legal, que en todo caso hubiera sido la indemnización a las víctimas por los delitos aquí perseguidos (genocidio, terrorismo y torturas)". Por ello, el magistrado acusa de los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero a Pinochet, su esposa, Lucía Hiriart; los empleados del Banco Riggs, todos de nacionalidad norteamericana, Joseph L.Allbritton, Robert L. Allbritton, Steven B.P.Pheiffer y Carol Thompson, así como los asesores Mr.Ashley Lee, Fernando Baqueiro, Raymond Lund y el chileno Oscar Custodio Aitken Lavanchy. Garzón acuerda en el auto denunciar los hechos respecto a cada uno de ellos a las jurisdicciones respectivas de Chile y Estados Unidos y declara la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Riggs por la cantidad de 10.266.000 dólares (10.300.000 euros). Asimismo ordena la remisión de comisiones rogatorias a las autoridades de Estados Unidos, Chile, Reino Unido y Bahamas para que aporten al Juzgado Central de Instrucción número 5 la información sobre cuentas y bienes en los que aparezca Pinochet como titular, o bien miembros de su familia. Igualmente ordena el embargo, bloqueo y depósito de todos los saldos que puedan tener cualquier tipo de cuenta de Pinochet a su nombre o al de algún familiar en alguno de estos países. En la comisión rogatoria a Estados Unidos pide autorización para tomar declaración a los cuatro ciudadanos de este país imputados y ordena el embargo preventivo de los bienes de sus cuentas hasta la suma que fije el Juzgado como fianza. En la solicitud de ayuda judicial a Chile pide al juez Sergio Muñoz de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile que aporte a su juzgado toda la información de que disponga sobre bienes identificados como propiedad de Augusto Pinochet, o a nombre de familiares suyos. También solicita a las autoridades de este país que, a los efectos de las responsabilidades dimanantes del delito, procedan al embargo de dichos bienes que hayan sido identificados en las diligencias del juez Muñoz. Además, Garzón forma pieza separada para la tramitación de la querella con los dos nuevos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En otro punto de la parte dispositiva del auto, el magistrado ordena librar un oficio al Banco de España para que informe de cualquier cuenta de la que se tenga conocimiento que haya sido titular o apoderado Augusto Pinochet, así como las sociedades instrumentales Ashburton Company Ltd. o Althorp Investment Co.Std. El juez libra mandamiento al banco SCH para que informe al Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre cualquier cuenta bancaria de Pinochet, o sus familiares, en Chile o cualquier otro país. Igualmente reitera comisiones rogatorias anteriormente cursadas a autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bermudas, Gibraltar, Islas del Canal, Bahamas, Caimán, Islas Vírgenes, Suiza, Holanda y Antillas holandesas por presuntos delitos de lavado de dinero y alzamiento de bienes, además de terrorismo, genocidio y torturas. Garzón se declara competente para investigar la presunta comisión de estos dos nuevos delitos al considerar que está amparado por el principio de justicia penal universal. "Lo cierto es que el dinero ha desaparecido en detrimento de las víctimas y para que esto haya sido así se ha precisado la cooperación imprescindible del Banco Riggs, cuya responsabilidad habrá de dilucidarse por la vía de la reclamación, en esta causa o en la que proceda", señala el juez. En cuanto al delito de blanqueo de capitales, Garzón explica que por los datos ofrecidos en el informe del Senado de Estados Unidos y los volúmenes económicos de los que habla, se ha venido cometiendo desde "bastantes años antes del inicio de este procedimiento, en julio de 1996, sobre todo si se tiene en cuenta la fecha de constitución de las (sociedades) instrumentales en las Bahamas (1996)".
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